El artículo 47 de la Constitución Española dice:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
Hoy 5-A, se han organizado de forma simultánea manifestaciones en ciudades de todo el país, por el derecho a una vivienda digna y el fin de la especulación con los alquileres, para que la vivienda deje de ser un negocio para convertirse en un derecho. El Estado tiene la potestad para desarrollar este principio, pero, la competencia la tienen las comunidades autónomas y no están establecidos los mecanismos para reclamar dicho derecho ante los tribunales. La Constitución reconoce de forma abstracta este derecho, no es un derecho fundamental como el derecho a la libertad, la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la información, la educación, la libertad de sindicación o el derecho a la huelga… Pero ¿ dónde está recogido ? La vivienda se ha convertido en un motor de la actividad económica, desde la compra para residencia propia, como inversión que puede llevar el interés por el alquiler, la segunda residencia, hasta los mecanismos utilizados para el blanqueo de capitales. Donde la vivienda se convirtió en un proceso económico, por encima de ser una necesidad humana.
En España, el franquismo dijo a los españoles que: «No queremos una España de proletarios sino de propietarios», fue el boom de los años 60 del siglo pasado por la masiva emigración del campo a la ciudad. España pasó de ser un país rural a urbano, fue el fomento de la vivienda en propiedad como estrategia de una clase media de propietarios. Donde la escasez de vivienda para alquilar llevaba a muchas familias a compartir esta, donde uno de sus modelos de alquiler era: «habitación con derecho a cocina». Durante décadas, el Estado garantizó mediante avales del Instituto de la Vivienda y luego de las cajas de ahorros la financiación inmediata el conocido como «alquiler en propiedad” Los españoles preferían comprar que alquilar, además de que nunca hubo un mercado de la vivienda para el alquiler. La proporción de vivienda en propiedad fue creciendo a medida que pasaban las décadas, hasta llegar a la burbuja inmobiliaria del 2008, que puso de manifiesto todas las fragilidades del sistema, miles de personas quedaron sin vivienda, otras quedaron hipotecadas de por vida, a merced de las ejecuciones hipotecarias. Fue el momento donde cualquier ciudadano podía aspirar a ser propietario de una vivienda, aunque se hipotecara de por vida, la vivienda se convirtió en algo muy rentable para constructores y propietarios, lo que convirtió la vivienda en un negocio.
El Estado se olvidó de construir viviendas sociales y de alquiler social, como alternativa para satisfacer las necesidades de vivienda de de la incapacidad de la clase media y preferentemente de los jóvenes para acceder a la propiedad porque no pueden disponer de crédito, debido a sus circunstancias laborales. El derecho a la vivienda es esencial para hacer efectiva la igualdad de los españoles ante la ley, pero ningún Gobierno ha abordado el artículo 47 para ofrecer una «vivienda digna y adecuada» como un derecho básico, vinculado a la dignidad de las personas. Que puede ser en propiedad, pero también en alquiler. Podemos hablar en España de falta de viviendas, de viviendas desocupadas, de falta de reglamentación en los derechos de propietarios e inquilinos, de las viviendas turísticas, de los «fondos buitres».. Pero, estamos la incapacidad de desarrollar una política social de vivienda, donde ni la derecha, ni la izquierda aportan soluciones., donde según el artículo 47 de nuestra Constitución: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación«.