No me gustaría aceptar que existe un precio de la justicia. Ni creer la creencia popular de que: «Yo puedo más que tú, dijo el dinero a la justicia». Porque en teoría el dinero puede comprar la justicia y modificarla a su antojo, solo en sociedades donde la corrupción se ha infiltrado en los sistemas legales y prevalece la impunidad. No me gustaría creer que el Marques de Sade tenía razón cuando afirmaba: «La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo por que no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero». Si la justicia es “ lo que debe hacerse según derecho y razón”, me cuesta aceptar que la Audiencia de Barcelona deje en libertad a Dani Alves bajo fianza de un millón de euros, cuando la sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió.
Todas las personas que carezcan de recursos podrán contar con un abogado de oficio sea cual sea el caso sobre el que se tenga que juzgar, en la Constitución Española, en su artículo 24, recoge que “todos tienen derecho […] a la defensa y a la asistencia de letrado”, una manera de defender la protección judicial de los derechos fundamentales. Pero, una cosa es que te toque un abogado de oficio o que tengas las posibilidades económicas de poder escoger a un abogado penalista con el apoyo de un bufete de abogados. El dinero es importante para tener una buena defensa, con más experiencia, más especializada y hasta con cierta valía mediática. Dani Alves el pasado octubre decidió cambiar a su abogado, Cristóbal Martell –cuya estrategia de defensa consistía en restar credibilidad a la víctima–, por Inés Guardiola del despacho Guardiola Penalistas, que se ha centrado en una defensa más técnica y basada en la aportación de pruebas que contrarrestaran la versión de la víctima.
Alves ha salido de prisión tras depositar un millón de euros de fianza. Ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por agredir sexualmente a una mujer, así como a pagar una indemnización de 150.000 euros a la víctima. La sentencia, ha sido recurrida por ambas partes, pero de momento Alves podrá disfrutar de libertad provisional hasta que se celebre el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según el Tribunal, en primer lugar, como ya hay dictada sentencia, no existiría riesgo de fuga. En segundo lugar, determinan que tampoco hay riesgo de reincidencia porque es su primer antecedente penal. Y en tercer lugar, establecen una serie de medidas que consideran suficientes para paliar los riesgos». El precio de la justicia o simplemente hacer justicia para ricos, depende de tener el millón de euros o no tenerlo. Aparte, de tener una justicia muy lenta que aplica las penas más bajas y todos los beneficios que estén disponibles en los casos de violencia machista.
Las leyes no son la justicia, simplemente son un instrumento para administrar justicia. A los jueces se les otorga la potestad de interpretar las leyes. Algunas veces hay sentencias que son criticadas por la ciudadanía, bien por no entenderlas, bien por generar muchas dudas de que se sean justas. El ‘caso Alves’ demuestra cómo el dinero puede ‘comprar «la libertad» y cómo no es lo mismo ser pobre que rico.
En un delito de violación se le ha aplicado la atenuante de la reparación del daño, una figura jurídica que permite reducir la responsabilidad penal de un acusado mediante el resarcimiento de los daños causados a la víctima, tal y como recoge el Derecho Penal. La reparación del daño en el ‘Caso Alves’ se ha efectuado gracias al abono de la indemnización de 150.000 euros por el daño moral y psicológico, que efectuó antes de la celebración del juicio independientemente de que hubiera una sentencia condenatoria o no. Esto ha sido determinante para que el futbolista haya recibido una pena de prisión mucho más inferior de la esperada. El hecho de haber pagado esta cantidad de dinero antes de conocer la sentencia “expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante”, según el Tribunal.
Sin embargo los jueces caen en una contradicción cuando reconocen que ese dinero es «una cantidad pequeña en relación con su patrimonio» y no es «demasiado esfuerzo reparador» para Alves. Entones se reconocería de ese modo que existe un componente de clase que puede sesgar el atenuante de reparación del daño. Pero, lo realmente injusto es que condenado por violación, gracias a la fianza de un millón de euros, podrá vivir en libertad mientras la sentencia no sea firme.