El Congreso de los Diputados y el Senado, representan la voluntad democrática del pueblo español. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Donde sus señorías pueden expresarse libremente, donde el insulto y acusar sin pruebas no es delito.
El artículo 14 de la Constitución Española garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley, es decir, que todos los ciudadanos recibirán el mismo trato por parte de la Administración. Aunque los diputados y senadores tienen ciertas diferencias respecto a la Justicia por el simple hecho de tener un escaño en las Cortes. Sin olvidar el artículo 56.3 de la Constitución Española que establece la inviolabilidad y no responsabilidad del Jefe del Estado.
El artículo 71 de la Constitución Española establece tres prerrogativas parlamentarias: la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. Prerrogativas caducas y privilegios para una determinada “casta”. En su párrafo primero dice que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, En el párrafo segundo dice, que gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Prescribiendo que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
Donde las prerrogativas parlamentarias se convierten en privilegios que pueden vulnerar derechos fundamentales de terceros. La inmunidad protege la libertad personal, mientras que la inviolabilidad protege la libertad de expresión. Nacen históricamente como consecuencia de la defensa de la institución parlamentaria, en su funcionamiento que pretenda ejecutar otro Poder Público, como el Poder Ejecutivo. Pero, que hoy podemos afirmar que son un privilegio muy discutible. La inviolabilidad está reconocida en la mayoría de las constituciones del mundo, pero no lo es así la inmunidad, y aún menos, el aforamiento.
La inviolabilidad supone que las opiniones manifestadas por sus señorías, en el ejercicio de sus funciones, nunca pueden ser juzgadas por un tribunal. lo que significa que los parlamentarios no serán responsables jurídicamente por esas opiniones. Con ello se pretende proteger la libre discusión y el debate de los parlamentarios, así como la toma de decisiones por parte de las cámaras a partir de tal debate. Lo cual les concede un privilegio diferente a cualquier otro ciudadano.
En suma, no serán perseguibles las declaraciones realizadas en una sesión parlamentaria, aunque puedan resultar ofensivas. Pero para el resto de las ciudadanas y ciudadanos la calumnia es un delito contra el honor que se comete cuando se imputa un delito a otra persona a sabiendas de que la acusación realizada es falsa. Sin embargo para sus señorías, la imputación de un delito a otra persona conociendo que todo lo imputado es falso, no es delito. Lo cual permite acusar sin pruebas.
Porque una cosa es proteger la libertad, autonomía e independencia de los parlamentarios y otra muy diferente es proporcionarles la herramienta para acusar sin pruebas y además sin estar expuestos a una responsabilidad judicial. El Congreso de los Diputados y el Senado se han convertido en el lugar de calumniar libremente. En virtud de un código no escrito, donde las mentiras se utilizan como herramienta para atacar al Gobierno. Que convierte a las Cortes Generales no en un lugar de parlamentarismo, sino en un lugar de desafección ciudadana por la política.
Donde sus señorías utilizan a las víctimas de ETA, de la DANA, de Adamuz o a la agente de la Policía Nacional supuestamente violada por el dimitido DAO José Ángel González. Les da igual el dolor de las víctimas, las utilizan para atacar al Gobierno de España. Pueden afirmar que Sánchez “lo sabía todo y lo tapó”, que «no hizo nada en la gestión de la DANA».
Que el PSOE es «una organización criminal», que el Gobierno es un “encubridor de violadores”. Que el Ministro del Interior, Grande Marlaska, encubrió al presunto agresor. Todo sirve para decirlo en sede parlamentaria, todo lo que después se amplifica en redes sociales, medios de comunicación y tertulias. La mierda cubre como la lava, cualquier suceso político, eso sí por bandos. Porque la corrupción y los escándalos son diferentes si son del PP o del PSOE. Por ejemplo el caso Montoro o la denuncia de una exconcejal del PP por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles.
El acusar sin pruebas, el insulto personal deberían de estar prohibidos en sede parlamentaria. Porque una cosa es permitir la libertad de expresión, exigir explicaciones y cuentas al Gobierno. Y, otra muy diferente es convertir el parlamentarismo en un órgano caciquil, con falta de honorabilidad, donde lo que priva es la calumnia y la falta de respeto a la democracia. Un triunfo más para los que deciden votar a la extrema derecha.
