El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha jurado su cargo como presidente autonómico. Por tercer mandato consecutivo a ser “fiel a sí mismo”. Y, a lo que ha definido como “vía andaluza” del diálogo, el entendimiento y la moderación. El problema no es pactar, que forma parte de la democracia. Sino con quién se pacta y las consecuencias que tiene ese pacto. Vox no es un socio cualquiera, es un partido que no negocia, impone.
Moreno Bonilla hubiera podido hacer el cordón sanitario a Vox, pero ha preferido una vía andaluza que «es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político». Y, no arriesgarse a otras elecciones. Porque en Andalucía no había más opciones, porque la izquierda no estaba dispuesta a ofrecerle sus votos para lograr la investidura. El presidente andaluz espera que «esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será». Lo cual no ofrece demasiada confianza.
Es evidente que todo acuerdo nunca satisface plenamente a todas las partes, pero Moreno Bonilla ha tenido prisa en firmar el acuerdo con 150 puntos con Vox. Se ha aceptado la «prioridad nacional» de Vox en el acceso a las ayudas públicas. Promover un plan de retorno que consistirá en la repatriación de los que denominan «inmigrantes ilegales» y Menores Extranjeros No Acompañados, así como en el rechazo «frontal» a las políticas migratorias del Gobierno de España.
«La Junta de Andalucía no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven efecto llamada«, se indica expresamente en el acuerdo. Se destinarán partidas a la natalidad y a promocionar la tauromaquia, la caza y la pesca. Se rechaza la Agenda 2030 y todo lo que se considera imposiciones de «agendas ideológicas». Medidas sobre el «desahucio exprés». La transición progresiva del bachillerato hacia la concertación de la educación preuniversitaria. El fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía (PLAMCM).
PP y Vox han pactado una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales, como «gasto superfluo». Se acaba el principio básico de la sanidad pública, que es atender según la necesidad clínica y no según el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas, dentro del marco legal vigente. Y, con un supuesto aumento de la asistencia sanitaria prestada por entidades privadas con financiación pública mediante conciertos y derivaciones.
Un «vía andaluza» con las imposiciones de la extrema derecha, sea con la inmigración, la sanidad, la educación, las políticas de igualdad, la memoria democrática o la cultura. Una giro más a la derecha, de una Andalucía que en 2018 con el pacto PP-Ciudadanos y el apoyo de Vox, desalojó al PSOE del Gobierno andaluz. El PSOE pagó sus casi 40 años de gobierno hegemónico y su particular manera de ejercer la política y gestionar lo público. Ahora, quizás nos toca un período igual de largo de gobierno del PP y Vox, porque Andalucía así lo ha decidido.
La desmovilización de la izquierda es un hecho notable en Andalucía, el PSOE andaluz no sabe salir de sus errores cometidos. La derecha y la extrema derecha comienzan la andadura de esa «vía andaluza» con una buena parte de la ciudadanía andaluza que se queda en casa, porque ya no se fía del PSOE, ni tampoco le ilusiona la izquierda alternativa. Aunque supongo muchos tampoco se esperaban tener a un vicepresidente de la Junta de Andalucía de Vox.
