Incompetencia política.

La incompetencia política significa «que no es competente, o carece de capacidad y preparación». Podríamos emplear otros sinónimos: ineptitud, incapacidad, torpeza, ineficacia, impericia, ignorancia, inutilidad, negligencia, nulidad… Cualquier término de estos serviría para definir a la clase política española, principalmente cuando tienen una crisis y deben aportar soluciones. No me refiero a ningún color especial, ni a una ideología concreta, hablo de todos en general. Resumido en el Principio de incompetencia de Peter que identificó un problema real: «con el tiempo, cada puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para llevar a cabo sus deberes».

Es la extraña sensación de sentirse rodeado de inútiles, incapaces, torpes e incompetentes, un valor de nuestra especie junto con la estupidez, que siempre tiende a infinito. Parece que en la política la tendencia de las personas a ser promovidas a puestos de mayor autoridad o responsabilidad política hasta alcanzar un nivel en el que ya no son competentes, se cumple el principio de que «en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia».

La tarde del 11 de mayo de 2011, un seísmo de 5,2 en la escala de Richter golpeó la localidad murciana de Lorca, dos terremotos sacudieron acabaron con la vida de nueve personas y causaron más de 300 heridos. Aparte, de graves daños estructurales en la ciudad, donde el 80% de viviendas se vio afectado. La catástrofe más importante en España, antes de la pandemia del Covid. Una muestra de incompetencia, es que las ayudas económicas tardaron 13 años en llegar a los ciudadanos.

Se demostró la incompetencia política durante la pandemia del Covid-19, se demostró la falta de previsión y de recursos sanitarios. La primera ola de marzo de 2020, con confinamiento, uso de la mascarilla y graves perjuicios económicos y miles de muertos, se llegó a tener controlado el virus cuando se puso fin al estado de alarma el 21 de junio. Después, el Gobierno de España organizó una desescalada apresurada que incluyó la reapertura del turismo y devolvió las competencias sanitarias a las regiones autónomas. La responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza a una gestión inepta de 17 comunidades autónomas, alcanzando las cifras más altas de mortalidad y trabajadores de salud contagiados.

El 19 de septiembre de 2021, en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, la actividad volcánica se reactivó, provocando una erupción que se alargó durante 85 días ininterrumpidos, la ayuda llegó tarde y se tomaron decisiones políticas desacertadas, desde la no evacuación de la población antes de la erupción pese a que esta era inminente, la llegada tardía de la ayuda económica para pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales, el hacinamiento en viviendas contenedor, las subvenciones, las indemnizaciones…

AEMET empezó a informar de la llegada de una DANA el miércoles 23 y emitió hasta tres avisos especiales los días siguientes. Sin embargo, el Gobierno valenciano no mandó la alerta por móvil a la población hasta la noche del martes 29 de octubre, cuando la situación se convirtió en una trampa para miles de personas que regresaban a sus casas o salían de trabajar en los municipios del área metropolitana de Valencia. Las consecuencias dramáticas son, a estas horas, de sobra conocidas: cerca de doscientos fallecidos, un número sin especificar de desaparecidos y destrucción de viviendas e infraestructuras. El aviso, la reacción de los políticos, las ayudas, el ejercito… Todo ha llegado tarde.

La incompetencia ha fallado en comunicación y liderazgo, en pensamiento estratégico, en gestión de recursos, en competencias técnicas… Cuando la Generalitat Valenciana activó el nivel 2 de emergencia, eso implica que Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat Valenciana es el responsable y que pasa a disponer de los medios estatales, en forma de materiales y profesionales, así como la llegada de miembros del ejército nacional. Los políticos deberían acostumbrarse a que se les vota por ideología, pero también por honestidad, experiencia, por su gestión y por sus resultados. Y, no para alcanzar su nivel de incompetencia.  

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