Cuando se habla de exceso de «celo policial», hablamos de fuerza desproporcionada y exagerada contra los que se manifiestan. Es hablar de violencia policial. Supongo que es diferente verlo como ciudadano que como miembro de las Fuerzas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No es lo mismo tener que proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Que salir a las calles a reivindicar cuestiones sociales o políticas. Todos hemos comprobado en las últimas manifestaciones un exceso de celo policial. Tanto en las marchas verdes de educación, de la sanidad, la vivienda o en defensa de la paz. Ha faltado muchas veces normalidad, legalidad y proporcionalidad en las actuaciones policiales.
Para los que ya tenemos unos años, aparte de la labor represiva de la Guardia Civil, la policía la relacionamos con la Policía Armada. Una institución que existió en España durante la dictadura franquista y la Transición española. Sus miembros eran conocidos popularmente como los «grises» por el color de su uniforme. En 1978 fue sustituido por el Cuerpo de Policía Nacional, pasando de «grises» a «maderos». Donde todos teníamos la imagen de una policía como brazo ejecutor de la represión, primero en la dictadura y después para frenar los cambios de la llegada de la democracia.
La policía tuvo que demostrar el cambio, no solo de uniforme, sino de tener una imagen diferente de más profesionalidad y de valores basados en la libertad y la democracia. En 1989 llegó el «azul marino» para homologar una policía que su misión dejaba de ser la represión, para mantener el orden público, garantizar la seguridad e impedir la perpetración de delitos. Durante años la policía fue odiada por varias generaciones de españoles, que defendían una dictadura a porrazos. Donde el celo policial era simplemente un mal uso de la fuerza por unos fines políticos.
En teoría durante la democracia se han incorporado leyes y técnicas para su cumplimiento para el mantenimiento del orden. Donde el uso de la fuerza se adaptó en legalidad y proporcionalidad. Para enfrentarse a la realidad y la imprevisibilidad de la labor cotidiana a la que se exponen los funcionarios. Donde no solo deben cumplir con las obligaciones que les impone la legislación sino también velar porque los ciudadanos actúen dentro del marco de la ley.
El uso de la fuerza y las armas es uno de los elementos más difíciles de la labor policial. Evidentemente la labor de la policía implica la utilización de la fuerza, pero no de la violencia policial. Pero, teniendo estipulado aquello que se encuentra permitido y aquello que se encuentra prohibido. Teniendo un criterio común acerca de cómo utilizar la fuerza. Con sus obligaciones y deberes. Respetando la legislación civil y penal, además de las leyes sobre derechos humanos. Donde un excesivo celo policial solo debería utilizarse en la medida de la necesidad, como medio para defenderse, o para proteger a una tercera persona. Pero, no para reprimir una manifestación a palos.
Se supone que las Fuerzas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían de poseer una integridad ética. Con un período de formación y un régimen de disciplina, todo basado en un conjunto de valores y prácticas democráticas. Y, por supuesto que existen unos responsables policiales que son los que dan las órdenes y en última instancia el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable de la actuación de los efectivos policiales.
Ayer en la huelga general del 11-N, se produjeron cargas policiales por un excesivo celo policial y el uso de gas pimienta contra los manifestantes, debe tener responsables. No se puede permitir que los agentes de la UIP de la Policía Nacional estén empujando y cargando a los manifestantes, sin llevar su identificación visible en todo momento. Ni que su labor sea abusiva y desproporcionada, contra piquetes informativos y manifestantes que estaban ejerciendo el derecho constitucional en una huelga. La policía está haciendo un papel político, a través del sector ultraderechista de los cuerpos policiales del Estado, vertebrado alrededor de la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) y de sus dos sindicatos, el sindicato Justicia Policial (Jupol), en la Policía Nacional, y la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) en la benemérita. Alguien controla supuestamente a la policía y no es el ministro de Interior, ni el presidente del Gobierno.
