En el artículo 28.2 de la Constitución Española “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores en la defensa de sus intereses.” Como el derecho de manifestación y reunión son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución (art. 20 y 21 ). Por lo tanto, se trata de un derecho fundamental incuestionable. En 1980 se regularon los derechos y obligaciones de trabajadores y empresa con el Estatuto de los Trabajadores y en 1985 se aceptó el derecho a sindicarse con la Ley de Libertad Sindical. La huelga general es una herramienta utilizada por los sindicatos y también por los movimientos sociales para reclamar y reivindicar sus peticiones. No es un delito, es un fenómeno de libertad, para cambiar las cosas.
La huelga es una herramienta legítima que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos laborales y sociales como acción de presión y de resistencia. Es una acción colectiva y concertada partiendo de la conciencia de unos intereses comunes. Recurriendo a la paralización del trabajo con el fin de conseguir presión. Tanto, económica, informativa, social y política, para conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida. El derecho a huelga es, junto con las elecciones uno de los pocos medios que nuestra democracia pone en manos de todos los ciudadanos para que participemos y hagamos cambiar las decisiones del gobierno de turno o de la patronal.
La única forma admisible de evaluar el apoyo a una huelga es el recuento de los que la hacen. Y, la falta de apoyo a la huelga tiene la interpretación automática de que los trabajadores no están de acuerdo con ella. Hoy analistas, periodistas, políticos, sindicalistas valorarán si la huelga ha sido un éxito o ha fracasado. No sabremos si esta huelga dejará en evidencia al actual Gobierno de España o a la oposición, que puede gobernar a partir del 30 de noviembre. Pero, lo único que demostrará es que miles o millones de personas han salido a manifestarse por la vivienda, unos salarios justos, precios más moderados y unos servicios públicos de calidad. Que pueden volver a movilizarse socialmente en las urnas contra la involución, para intentar cambiar las cosas.
La primera huelga general en 14 años, ha tenido una campaña de deslegitimación del derecho a la huelga y a los sindicatos, orquestada por la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox), los sectores empresariales más reaccionarios y los medios de comunicación vinculados a la derecha política. Agitando el miedo para que los trabajadores y trabajadoras no participaran en la jornada de paro.
Las huelgas, únicamente pueden promoverlas los sindicatos, pero es un derecho para todos los trabajadores. Feijóo califica de «error histórico» la huelga general y de hacer ahora una huelga preventiva en favor del Ejecutivo. Ayuso califica a las centrales sindicales de ser una “mafia sindical” y una “basura” que tiene “secuestrados” a los ciudadanos. Miguel Tellado, secretario general del PP, califica a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, como los “ministros 23 y 24” del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, denuncia la existencia de “sindicatos ideológicos, de corte marxista y comunista” con el único objetivo de impedir el cambio político. Las redes sociales del PP generan imágenes con IA de sindicalistas comiendo una mariscada, tachándolos de «comegambas». Todo para atacar el derecho de huelga, a sus convocantes y participantes.
El hecho de que una huelga se dirija contra una política gubernamental sobre el acceso a la vivienda, no la convierte por sí misma en una huelga ilícita. Porque la vivienda constituye un problema social y político, que mantiene una conexión con los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras. Una huelga general en defensa del derecho a la vivienda, no es propiamente un conflicto laboral. Pero, el artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce «el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses«.
Hemos vivido en la historia etapas de represión, persecución, prisión y desaparición de trabajadores. Las huelgas durante la historia de España fueron fuertemente reprimidas durante la dictadura franquista. Las huelgas han servido para reconocer derechos sociales, como derechos constitucionales. No se puede ignorar la realidad y la historia, el derecho de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Atacar a la huelga es una forma de atacar a las instituciones y a la propia democracia. En lugar de trabajar por los derechos y las garantías ciudadanas. Las derechas simplemente deberían apuntarse las reivindicaciones de esta huelga general, si llegan a gobernar, para intentar aportar soluciones. No ridiculizando y atacando un derecho constitucional de los trabajadores, para que no puedan conquistar mayores cotas de igualdad.