El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y contra su asesora Cristina Álvarez, el de malversación. Pero, parece que muchos coinciden en que el único supuesto delito, es el ser la mujer del presidente. El juez considera que la intervención de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid «no se produjo en un contexto neutro u ordinario«, sino por su condición de esposa del presidente del Gobierno.
No quiero hablar de lawfare, aunque supongo que algún día se estudiará en las facultades de Derecho como lo que no tiene que hacer un juez. No merece la pena hablar de un proceso partidista e inquisitorial. Ni siquiera de emplear la prospección prospectiva que está estrictamente prohibido en el ordenamiento jurídico para buscar un delito. Con el único fin de buscar «a ver qué se encuentra» para incriminar a Begoña Gómez. Dos años de excentricidades, investigación sin pruebas y una acusación que se sostiene más en conjeturas que en hechos. Pero, no podemos hablar solo del juez Peinado, porque ha contado con el aval de diversos magistrados de la Audiencia Provincial a lo largo del proceso. Y, al final el juez Peinado aún a pesar de revocaciones y correcciones, ha conseguido su propósito de llevar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez.
Alguno pensará en aquella expresión tan machista de «la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo«. En este caso solo por ser la mujer de Pedro Sánchez ya muchos juzgan su reputación. Quizás muchos hubieran preferido que la mujer del presidente se hubiera dedicado a estereotipos más normalizados en una sociedad machista. Que no hubiera tenido un valor propio. Begoña Gómez hubiera podido no trabajar en la universidad, no realizar ninguna tarea profesional, limitarse a ser únicamente la mujer del presidente.
Parece que es un supuesto delito el ser familiar de Pedro Sánchez, aunque la responsabilidad penal sea estrictamente individual. No sé si es excesivo calificar que existe una persecución judicial hacia la familia del presidente Pedro Sánchez. Nuestra obligación es creer en la justicia, sobra decir si son inocentes o culpables, porque eso lo decidió una jueza en el caso del hermano de Pedro Sánchez y un jurado popular lo decidirá sobre Begoña Gómez. No todo puede calificarse como lawfare, aunque parezca que los juicios pueden tener un claro sesgo político.
El PP promete que, cuando gobierne, desterrará el insulto y recuperará la buena educación. Espero que cuando el PP gobierne tampoco utilice atacar a la familia directa de ningún político o política. Porque una oposición leal debe centrarse en la gestión pública, en los programas de gobierno y en sus miembros elegidos. Pero, nunca atacar a la familia, para hacer daño. Lo que es un poco triste, es que el Partido Popular mientras no gobierne lo utilice en su provecho.
