diferencia del resto de ciudadanos que solo se nos pide el cumplimiento de las leyes, a ellos se les exige ejemplaridad pública. No es suficiente con que cumplan las leyes, han de ser ejemplares. Los políticos, además de ser personas con responsabilidad pública, debido al poder que tienen y la influencia de la que gozan, están en posiciones que potencialmente pueden ser susceptibles de no ser ejemplares. Además de responder ante la ley, son responsables ante quienes les eligieron. Por eso, un político sin haber cometido nada ilícito se hace censurable ante la ciudadanía, por lo que debe dimitir. La confianza surge de una ejemplaridad personal y es lo que genera la confianza de la ciudadanía.
Que una presidenta de una comunidad autónoma tenga supuestamente un hermano comisionista y su novio defraudador fiscal, no dice mucho de ejemplaridad pública. Se promulgan muchas leyes y se dan muy pocos ejemplos. Se habla de la falta de ejemplaridad de los contrincantes políticos y muchas no se repara en la falta de ejemplaridad propia. En abril de 2020 la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato sin concurso a una empresa dedicada al área textil para comprar 250.000 mascarillas para IFEMA por 1,5 millones de euros, cuyo administrador único era Daniel Alcázar, amigo íntimo del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Según cifró el presidente del PP, Pablo Casado, Tomás Díaz Ayuso habría cobrado 286.000 euros por la operación con la empresa de su amigo. Un caso que la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción española, dieron carpetazo a la investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso por el supuesto precio inflado de manera irregular, pero la comisión la cobró.
Una juez de Madrid ha decidido citar como investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno más de falsedad en documento mercantil. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. Donde el piso, valorado en un piso de un millón de euros, en el que la pareja convive fue adquirido en exclusiva por Alberto González en 2022 y que quizá pudo ser adquirido con dinero defraudado. La ejemplaridad pública comienza con el ejemplo propio.