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España suspenso en educación.

El informe PISA es la prueba de la educación a nivel global, un referente para los gobiernos, centros educativos y también para las familias de todo el mundo que se hace cada tres años. Es donde se reflejan los aciertos y los fallos de los sistemas educativos. Podemos afirmar que España ha suspenso en educación. Por lo menos en la evaluación de los conocimientos de alumnos que han acabado la enseñanza obligatoria. En tres áreas de competencia: lectura, matemáticas y ciencias. En estos exámenes, se mide la capacidad para poder entender y resolver problemas auténticos.

El retroceso no es exclusivo de España, es generalizado entre los 90 países participantes, encabezado por el deterioro en comprensión lectora. España con un suspenso, ha tenido unos retrocesos importantes en las principales competencias evaluadas. Se ha perdido 23 puntos en lectura respecto a 2022, 16 en matemáticas y ocho en ciencias. Quedando por debajo de la media de la OCDE en las tres materias. Los datos indican que un alumno de 15 años en 2025 lee como uno de 13 en 2022. Los estudiantes españoles están a curso y medio de los ingleses.

Por supuesto los informes PISA no son perfectos, pero nos sirven como un termómetro para realizar un diagnóstico. Aunque, en España, no figura Catalunya en las comparativas de resultados del informe. Por un  problema ocurrido durante la selección de la muestra de alumnos que debían realizar las pruebas. Es decir, que hablamos del informe de España, excluyendo a Catalunya.

Desde la aprobación de la Constitución, en 1978, España ha tenido ocho leyes educativas, sin un consenso duradero entre las fuerzas políticas y la comunidad docente, debido a que los partidos han convertido la cuestión en instrumento de confrontación ideológica. Desde la LOECE (1980) promulgada durante la etapa de la UCD hasta la LOMLOA (2020) o «Ley Celaá» que es la actual. Probablemente, si nos hicieran un examen para recordar las ocho leyes, suspenderían todo el mundo. 

La educación en España se regula por el artículo 27 de la Carta Magna: por un lado se defiende una educación estatal, con las competencias por parte de las Comunidades Autónomas. Y, por otro, que considera que el Estado debe garantizar el acceso a la educación, permitiendo que las familias elijan libremente el tipo de centro educativo que prefieran. Por lo tanto hay alumnos y alumnas que asisten a colegios públicos, a concertados y a privados.
Un sistema educativo pensado en la libertad de elección, preservando que no haya riesgo de fomentar la desigualdad. Aunque, evidentemente en los colegios concertados y privados no se puede garantizar la misma aplicación práctica, transparencia y equidad que en la educación pública. Porque aparte de ser completamente gratuita, garantiza el derecho a la educación, la igualdad, así como a una enseñanza laica, inclusiva y

plural. Mientras la concertada y privada, casi siempre es de carácter religioso y dogmático. A nivel bruto, los colegios concertados y privados han logrado mejores puntuaciones que los públicos.

La educación en España siempre ha significado una falta de consenso y un arma política. En la que se ha intentado hablar de libertad aumentando la desigualdad, favoreciendo a las familias con más recursos que puedan elegir centros de mayor prestigio y con unos valores basados en la familia. PISA vuelve a mostrar esa brecha. Los alumnos españoles pertenecientes al 25% socioeconómicamente más favorecido superan en ciencias a los del 25% más desfavorecido en 71 puntos. La desigualdad socioeconómica también importa. también se examina, aunque no acostumbre a aparecer escrita en la pizarra cuando los partidos hablan de mérito.

La realidad es que el suspenso en educación es generalizado, donde hay problemas estructurales como el abandono escolar, donde las leyes educativas fomentan la promoción de curso incluso sin haber alcanzado las competencias necesarias en todas las materias. Además de la digitalización de las aulas en todas las etapas educativas, que se acrecienta con el uso excesivo de dispositivos móviles, juegos y redes sociales a nivel particular. Que distraen a los adolescentes. La falta de lectura física de libros. Aparte, de la aparición de la inteligencia artificial donde su uso genera riesgos importantes como el aislamiento social, la pérdida de pensamiento crítico y la dependencia emocional.

Pero, el suspenso en educación también tiene que ver con la inversión económica, con mejores infraestructuras, con más profesores, con menos alumnos, ratios adecuadas y con la cultura del esfuerzo. También con más especialistas para atender a los que tienen más dificultades. No sirve reducir el problema a que es una «ley sanchista», porque la educación en España ha suspenso en educación con gobiernos del PSOE  y del Partido Popular.
Además, las competencias en educación pertenecen a las Comunidades Autónomas, que son los que organizan las plantillas, gestionan centros, determinan buena parte de los recursos y aplican las políticas educativas estatales. Estamos a punto de comenzar un nuevo curso y quizás muy cerca de un cambio de gobierno. Es necesario consenso para hacer una ley educativa, que no se cambie cada cuatro años. Donde hace falta menos pantallas, mejores hábitos de lectura y limitar el uso de la IA en la vida académica de los adolescentes.

Necesitamos un sistema educativo que huya del adoctrinamiento, que apueste por la igualdad, la diversidad, la memoria democrática, por una educación afectivo sexual, que no se olvide de las lenguas vernáculas y extranjeras. En definitiva, que un adolescente sea capaz de comprender lo que lee, manejar conocimientos científicos y utilizar las matemáticas para resolver problemas. Para poderse desenvolver en esta sociedad tan competitiva. Que otros países también retrocedan, es un pobre consuelo.

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