El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si llega al Gobierno, hará una ley nacional considerando el concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Es decir, equiparar al feto con el bebé ya nacido, en las ayudas y subvenciones del sector público. Al igual que hizo la Comunidad de Madrid la semana pasada.
En nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo que establece el Código Civil. El momento en el que el ser humano es reconocido como persona es el de su nacimiento. Así, el art. 29 Código Civil establece que “El nacimiento determina la personalidad…”. Y el art. 30 Código Civil dispone: “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida…”.
Aunque el concebido no nacido o «nasciturus», tiene garantizada la protección de la vida como bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución Española. Las españolas también tienen el derecho al aborto. Es decir que las mujeres puede decidir hasta la semana 14 de gestación y por patología fetal o materna (física o psíquica) hasta la semana 22, si quieren o no interrumpir su embarazo.
La actual legislación en España contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) “cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.
Aunque, desde el punto de vista biológico la vida humana comienza en el momento de la concepción. Desde el punto de vista jurídico comienza en el momento del nacimiento. Por lo tanto, considerar el concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, parece totalmente contradictorio. Dando derechos a un feto con el pretexto de ayudar a las familias y defender la vida. Una estrategia para menoscabar el derecho al aborto de todas las mujeres.
Una vez más el PP oscila entre la normalización de la interrupción voluntaria del embarazo y quienes piden preservar la vida del feto. Entre afirmar que «no es un derecho fundamental», pero avalan la «correcta» ley de plazos y el derecho de la mujer a ejercerlo en el marco de la legislación española. Hasta las posiciones más radicales en contra y más en concordancia con Vox y sus medidas provida. Como puede ser esta futura ley, al reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar.
El pasado jueves en la Asamblea de Madrid, se aprobó con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Que permite a las familias acceder a las ayudas y beneficios fiscales derivados del nacimiento del bebé desde el momento en que se acredite el embarazo. Una iniciativa que Feijóo quiere hacer extensiva a todo el Estado.
Con medidas puramente ideológicas como esta del concebido no nacido y el asumir la «prioridad nacional» de Vox. No sé si el Partido Popular intenta hacer un guiño a las corrientes más tradicionales de su partido o a los votantes de Vox. Aunque las diferencias cada vez son menores. Y, los derechos adquiridos en peligro.
