Derecho a no declarar, como un derecho legítimo.

El artículo 24.2 de nuestra Constitución establece que la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Pedro Sánchez se ha acogido al silencio del acusado, negándose a declarar, en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado se ha desplazado a la Moncloa para tomar la prueba testifical, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los más altos cargos del Estado. Begoña Gómez también se acogió el pasado viernes a su derecho a no declarar como investigada. El silencio no es de ninguna forma signo de culpabilidad, nunca una condena podrá basarse en el silencio del acusado. La negativa a no declarar, no es signo de culpabilidad en modo alguno. La afirmación del que calla, otorga no es solo falso, sino es malévolo. El que calla, sencillamente, calla. Y, cuando nos referimos al mundo procesal, es un derecho legítimo.

Pedro Sánchez, como a cualquier cónyuge, puede negarse a responder preguntas que puedan perjudicar a su esposa, que es la principal investigada por el juez Peinado. El derecho a no declarar, a callar supone rehusar a ofrecer una explicación, que, si existiese, solo el acusado la puede ofrecer. Puede ser que si no se ofrece una explicación es porque no la hay o simplemente pensar que quien guarda silencio se convierte en sospechoso o que el silencio es un indicio de culpabilidad. A Begoña Pérez se le condenará si queda demostrada su culpabilidad en tráfico de influencias y corrupción en los negocios o quedará absuelta. No, por el silencio suyo o de su esposo. Por consiguiente, si hay pruebas incriminatorias suficientes, de que la esposa del presidente habría firmado cartas de recomendación para la UTE de la que era accionista Carlos Barrabés; los contactos con la empresa Globalia, propietaria de Air Europa, que fue objeto de un rescate por parte del Gobierno de Sánchez por valor de 615 millones de euros durante la pandemia.

Si se demuestra la culpabilidad de Begoña Pérez, entonces será el momento de conocer si Pedro Sánchez asistió a reuniones en  Moncloa junto a su mujer, a cuántas empresas llamó para facilitar, la labor y el trabajo de su mujer. Si esto se demuestra, Pedro Sánchez será inculpado y tendrá que dimitir como presidente. Mientras hay que continuar con las diligencias y no confundir el deseo de la derecha y la ultraderecha, que comenzó todo con una denuncia basada en recortes de prensa que podrían ser falsos. Pedro Sánchez se ha querellado contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación, después de que el presidente del Gobierno no haya querido responder a las preguntas del juez. Ahora, nos queda por saber además, si la resolución del juez es injusta o arbitraria al desviarse maliciosamente del recto ejercicio de la función pública.

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