Con los derechos sociales, no se juega.

Los derechos sociales consisten en proteger y garantizar los derechos y el bienestar de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, que al igual que los denominados derechos civiles y políticos, deben ser un compromiso y una responsabilidad política, que deberían compartir las instituciones y todos los partidos políticos. Cuando PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto ómnibus, muchas medidas calificadas como urgentes, tienen eminentemente un carácter social. A la derecha no le ha importado castigar al Gobierno, maltratando a los más desvalidos, en contra de los derechos sociales de tantos ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto jugando con ellos. 

El resultado de no aprobar el decreto ómnibus, no es solo, el no revalorizarse las pensiones a más de 12 millones de pensionistas, del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas, en 2025. Y, la prórroga hasta el 30 de junio de 2025, de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. En ese supuesto «decreto trampa» según PP, Vox y Junts había medidas como: la subida del ingreso mínimo vital en un 9%; un paquete de ayudas para los afectados por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre; la prórroga de las ayudas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma por la erupción volcánica de 2021; la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias en situación de vulnerabilidad; la prórroga de la prohibición de cortes de suministros a los consumidores vulnerables hasta finales de año; la prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025; deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos… Ayudas para los más vulnerables, los más necesitados, que se lo han negado PP, Vox y Junts. Los mismos, junto a PNV que han acabado con el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas.

Los derechos sociales son para proteger a los más vulnerables: a las familias trabajadoras, a las personas mayores, a las personas dependientes, a los que han sufrido una desgracia natural como la DANA o el volcán de La Palma. Los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos y su finalidad debería ser mejorar su vida. En teoría, a ningún político, le han escogido para votar en contra del bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Nunca el interés particular de los partidos por alcanzar el poder a toda costa, debería anteponerse al bien común. Aunque, parece que para algunos, lo único que prevalece es destruir al contrario. No hay excusa para no votar a favor de los derechos sociales del decreto ómnibus, ni siquiera el rechazar el decreto que incluía el traspaso al PNV de un palacete en París, que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora está en manos del Estado como emplazamiento del Instituto Cervantes en la capital francesa.

En las elecciones generales, los ciudadanos elegimos a los diputados y senadores que nos representarán en las Cortes Generales –Congreso y Senado-, cuando se observa lo que hacen determinados políticos, se crea desafección en la ciudadanía y el progreso de la extrema derecha, cuando se comprueba que algunos partidos no defienden a la ciudadanía que se supone representan. Ahora, no es hora de buscar culpables, es el momento de volver a votar a favor de los derechos sociales, de las personas. Donde es necesario no separar los decretos que lleven la subida de las pensiones y las ayudas al transporte, porque es necesario aprobar el resto de medidas, porque son necesarias. Quizás el final de la legislatura está cerca y quizás también el de los derechos sociales.

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  1. Andrés Marco Lou

    Aunque para muchos políticos de PP, Vox y Junts, los derechos sociales no les preocupe en demasía. Puede que desde los que les han votado, haya ciudadanos y ciudadanas que no entiendan el por qué a partir de febrero, sus pensiones disminuyan al dejarse de aplicar la revalorización conforme al IPC tras la derrota parlamentaria de este miércoles. Puede haber trabajadores y estudiantes que comprueben que tienen que pagar el transporte, Personas que estaban esperando ayudas por la DANA de Valencia o el volcán de La Palma, y que no les lleguen.

    Pueden incluso creerse que la culpa no ha sido de los que han votado en contra del decreto ómnibus, sino que los culpables son el Gobierno de España y más concretamente Pedro Sánchez. Y, puede ser incluso, que esta maniobra les permita llegar al poder al PP con el apoyo de Vox y Junts.

    En el «decreto ómnibus» derogado el 22 de enero, quizás hay prepotencia por parte del PSOE. Pero, no es la primera vez que se presentan decretos con la introducción del texto legislativo con varios paquetes de medidas. El PP y Junts quieren justificar un recorte en los derechos sociales de la ciudadanía: ni es excusa el palacete, porque se devuelve al PNV lo que es suyo; ni facilita la ocupación por parte de los inquilinos, porque lo único que prorrogaba el decreto es que un desahucio no se pudiera llevar a cabo en el caso de hubiera personas vulnerables; ni hay ninguna mención a la subida del IVA de los alimentos, porque ya se subió a principios de año al acabar el plazo de la rebaja; ni el decreto incrementaba la factura de la luz, porque la reducción del IVA de la luz acabó el 1 de enero, ahora se aplica el IVA habitual. En definitiva, excusas que son mentiras.

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