Me pregunto si el Gobierno de España no se enteró, ni nadie le avisó. Ni tampoco pudo prever la entrada de un número indeterminado de personas que cruzaron por tierra y por mar la frontera de Ceuta. Me pregunto también, si el Gobierno de España podría tener noticias de la existencia de unos supuestos defensores de la patria, que nos quieren salvar. El golpe de Estado de 1936, no fue un secreto. Había ruido sobre la existencia de conspiraciones militares, aunque el Gobierno de la Segunda República no pudieron prevenir, ni dimensionar el alcance exacto de la sublevación.
Cuando hay tantos comentarios sobre la soberanía española de Ceuta y su defensa. Tantos comentarios en contra del Gobierno de España y especialmente de su presidente que ha reiterado que agotará la legislatura. Ahora que el PP y Vox secundan un “ultimátum” al Gobierno para convocar elecciones antes del 15 de noviembre o “paralizar el país”. Además, plantea “en defensa de la unidad e integridad territorial de España y contra la invasión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”. También pone en duda que el “censo electoral sea real”. Y, además “en defensa de los jueces, fiscales, de las FAS , las FCSE, todos los funcionarios públicos y medios de comunicación que cumplen con su obligación”.
Cuando todos sabemos que el presidente del Gobierno tiene la potestad exclusiva de proponer la disolución anticipada de las Cortes Generales. Lo que conlleva la convocatoria de nuevas elecciones. A lo mejor los defensores de la patria no podrán esperar más y a lo mejor pueden pensar en «paralizar el país» no con una huelga general, sino con algo más efectivo. Como dijo el pasado miércoles 16 de septiembre, el teniente coronel retirado Francisco Bendala Ayuso, que defendió la necesidad de un golpe de Estado.
Durante la dictadura franquista el ejército fue determinante en que el régimen perdurará casi 40 años. Como garante militar, responsable del Orden Público y además presente en las Cortes, Gobierno y Consejo del Reino. Su presencia en la Transición a través del general Manuel Gutiérrez Mellado que desde la Vicepresidencia del Gobierno de Adolfo Suárez comenzó una reforma militar. Aunque no pudo evitar el ruido de sables y donde una parte inmovilista, fueron un elemento de presión sobre las decisiones del Gobierno de Suárez.
El 23 de febrero de 1981 se produjo en España un intento de golpe de Estado para poner fin a la monarquía parlamentaria y la Transición democrática. Su fracaso fue el triunfo del papel de la monarquía, donde aún no se conocen los verdaderos cerebros intelectuales y con la sentencia contra los condenados por el Consejo Supremo de Justicia Militar, cuyas livianas condenas fueron revisadas por el Tribunal Supremo. Hubo más intentos, pero o no trascendieron o se ocultaron. Pero, al final la democracia siguió su camino y los militares aceptaron su papel según establece el artículo 8 de la Constitución Española.
