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La privatización de la sanidad pública genera un intenso debate, externalizando cada vez más, los servicios a la sanidad privada. Sea por los recortes económicos en la sanidad pública, la falta de inversión, la falta de profesionales o la sobreutilización ha supuesto un incremento de las listas de espera en la asistencia pública sanitaria. Todo ello, provoca la derivación  de intervenciones y pruebas diagnósticas desde la sanidad pública a la privada. Algunas veces buscando la descongestión en la sanidad pública y otras veces por conciertos económicos con la privada, que no son del todo necesarios.

La sanidad privada es una opción para muchos usuarios, empresas que prestan servicios sanitarios a cambio de una retribución por parte del paciente, que se convierte en cliente. Uno de los principales motivos que lleva a  contratar un seguro de salud, es la saturación de los servicios sanitarios públicos, la posibilidad de elegir especialista y la diferencia entre la hospitalización en un hospital público y un hospital privado. Porque la sanidad pública no lo ofrece.

Cuando la salud se convierte en un negocio o mercancía, cuando el principal objetivo es la obtención de beneficios económicos. Los pacientes se convierten en clientes y la sanidad se convierte en un negocio. Una privatización sanitaria, en la que han participado tanto el PP como el PSOE y otros partidos políticos, con la falta de inversión, el deterioro de la atención primaria, el recorte de plantillas, el cambio de gestión convirtiendo a los hospitales en privatizados… En definitiva, ha supuesto el colapso del sistema público, que se evidenció ante la crisis del covid-19. Y, que sigue igual o peor.

Una solución o parche generalizado para la sanidad pública, es utilizar cada vez más los recursos de la sanidad privada, por lo que podemos afirmar que la privatización de la sanidad pública es una realidad. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce «el derecho a la protección de la salud». Nuestro Sistema Nacional de Salud está descentralizado desde 2001, previsto por nuestra Carta Magna, los Estatutos de Autonomía y la Ley General de Sanidad. Por lo tanto, tenemos un modelo descentralizado de financiación pública y universal, en la que cada comunidad autónoma tiene sus directrices propias de gestión.

Los pacientes han asumido los retrasos en la atención primaria, la lista de espera eterna en los especialistas y en las intervenciones quirúrgicas. El que las pruebas específicas te deriven a la sanidad privada. Las escasas mareas blancas formadas por sanitarios y pacientes han seguido denunciando el desmantelamiento de la sanidad pública, un modelo sanitario en el que no se invierte y que favorece a la sanidad privada.

Se está acabando con la garantía de la igualdad, la equidad y la accesibilidad de los ciudadanos a un servicio Sanitario Público de Calidad. Una sanidad pública en la que cada vez se invierte menos, donde hay menos camas, menos facultativos, más precariedad laboral y menos dotación tecnológica. Donde la solución es contratar un seguro privado, esperar o morirse.

Cuando se habla de nuestra sanidad pública, no basta con decir que tenemos la mejor, hace falta invertir y no esperar al  deterioro progresivo, resignándose a sufrir largas listas de espera o buscando respuesta en la sanidad privada. Porque la sanidad pública no es un regalo gratuito, sino que la pagamos con nuestros impuestos.

La Junta de Andalucía ha reconocido que son 2.000 mujeres las afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a llamar una por una a todas las mujeres con pruebas «no concluyentes» del programa de cribado. Estás mujeres no recibieron comunicación sobre las sospechas de cáncer de mama, lo que supone retrasos en su tratamiento y el consiguiente avance de los tumores.

Un ejemplo de que algo no funciona, que puede trasladarse a otros tipo de cáncer o enfermedades. Sin olvidar las largas listas de espera para especialistas e intervenciones quirúrgicas. La demora en la atención primaria, el colapso de las urgencias en los hospitales, la falta de pediatras o la escasez de ambulancias. Todo se ha externalizado, todos los servicios de la sanidad pública (lavandería, limpieza, vigilancia). Ahora, solo hace falta que los diferentes gobiernos autonómicos acaben con la privatización definitiva de la sanidad pública. Y, dejemos de ser ciudadanos, para ser clientes de la sanidad privada. No se olviden la sanidad pública la pagamos con nuestros impuestos. Es nuestro derecho.