El próximo viernes se aprobará un plan de medidas anticrisis, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, por la subida de los precios de los carburantes y del gas. Pero, el Gobierno para facilitar su posterior aprobación en el Congreso de los Diputados, no incluirá medidas sobre la vivienda y los desahuciados. Evitando que muchas familias se queden en la calle, sin vivienda.
El plan diseñado por el Gobierno, “protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados». No sabemos aún las medidas para intentar paliar los efectos económicos y sociales de la guerra ilegal en Irán desatada por Estados Unidos e Israel. Pero, cuando suben los combustibles, el gas, la luz, los alimentos y los servicios, la economía de las familias sufre un retroceso.
El pasado martes 27 de enero decayó el decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado diciembre para prorrogar un año más la moratoria anti desahucios en el Congreso. Con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Lo que puede reactivar hasta 70.000 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. Y, sobre los que las administraciones públicas apenas garantizan alternativas residenciales.
Este viernes el Gobierno de España no aprobará ninguna medida que garantice la prórroga de un año más, de la moratoria antidesahucios y el compromiso de ofrecer a las familias soluciones definitivas a la crisis de vivienda. Un Gobierno progresista que estará incumpliendo su obligación de tomar medidas para que los gastos
relacionados con la vivienda de los particulares, las familias y los
hogares sean proporcionales a sus niveles de ingresos. Protegiendo a los inquilinos ante los aumentos injustificados y ofreciendo soluciones habitacionales.
Miles de personas siguen siendo desahuciadas cada año debido al impago del alquiler o de la hipoteca. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se producen en España una media de 75 a 80 desahucios al día.
Los expertos financieros recomiendan no superar el 30% o 35% para evitar el sobreendeudamiento y garantizar la estabilidad financiera, en España. Pero, resulta que el español medio dedica más del 45% de su sueldo bruto al pago del alquiler o hipoteca de su vivienda. Es decir, con el resto debe pagar, vivir y ahorrar para un supuesto imprevisto.
El derecho a la vivienda lo reconoce la Constitución Española, pero no se han desarrollado las leyes que permitirían hacerlo efectivo. En España hay miles de ciudadanos desahuciados de su derecho a la vivienda. Y, cuando no se tiene derecho a la vivienda, se crea una barrera insalvable para muchos otros derechos. Una familia que no puede pagar el alquiler o su hipoteca, pierde su dignidad aparte de su casa.
El Gobierno de coalición tiene la obligación de presentar medidas que garanticen que la moratoria siga adelante. Que impida los lanzamientos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Aunque voten en contra PP, Vox y Junts.
Todo esto en un año, en que más de 600.000 contratos de alquiler prorrogados en pandemia que tienen que ser renovados o no, a precios de mercado. Las consecuencias de la guerra ilegal de Irán, como pasó con la Ucrania, no la pueden soportar siempre los más desfavorecidos. Perdiendo su vivienda.
Las medidas de este viernes deben estar enfocadas a ayudar a los más desfavorecidos, y esos normalmente son los que por problemas económicos acaban desahuciados. El Gobierno no puede transigir a las exigencias de PP, Vox y Junts, que defienden los intereses de los fondos buitres, la banca y los grandes tenedores. La sociedad espera algo más de este Gobierno, por lo menos para los más vulnerables. Los desahuciados del derecho a la vivienda.
