Hacer política, es favorecer a uno o perjudicar a otro. No puedes estar bien con todos, porque en la sociedad existen clases que tienen intereses distintos, aunque el principal objetivo debe ser el bien común. Desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978, ha habido siete presidentes del Gobierno, tres de ellos socialistas Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. El PSOE ha liderado 10 de las 15 legislaturas de la democracia, gracias a los gobiernos socialistas se produjeron notables cambios en la sociedad española, pensando en un bien común. Con sus aciertos y errores, donde el neoliberalismo del PP, siempre ha venido a «salvar» la economía, el ajuste fiscal y la creación de empleo. Por lo menos, según ellos.
Se puede votar por el bien común o se puede llegar al bloqueo político. Estamos en un escenario donde el Gobierno de coalición no suma en los temas importantes. Junts, cada vez vende su voto más caro, aumentando sus exigencias. Mientras tanto, Podemos hace una «pinza» contra el Gobierno, que recuerda la «pinza» de Julio Anguita, en los años 90 del siglo pasado, con Aznar para expulsar a Felipe González del Gobierno. Aznar y Anguita tenían un mismo objetivo, aunque las razones eran diferentes: Aznar pretendía desalojar a González y convocar elecciones; mientras Anguita pedía la dimisión de González por los crímenes de Estado y la corrupción. Quizás, no existió el acuerdo, pero los dos votaban lo mismo y en contra del PSOE. Ahora, Podemos y el PP, apuestan por el bloqueo político, aunque no sabemos si Podemos apoyaría una moción de censura de Feijóo. Entre PP, Vox, Junts y Podemos tienen en sus manos la legislatura y todos ellos están pensando solamente en su provecho.
El Partido Popular siempre ha tenido el «síndrome de perro del hortelano», cuando ha estado en la oposición, «ni come, ni deja comer». Siempre reflejando posiciones obstruccionistas en leyes progresistas, bloqueando iniciativas no tan solo por desacuerdo ideológico sino para evitar éxitos ajenos. El Partido Popular ha presentado recursos de inconstitucionalidad sobre leyes que más tarde, al estar en el Gobierno, no han derogado. Haciendo un uso abusivo, de bloquear las leyes, enviándolas al Tribunal Constitucional. Ahora, cuando lleguen al poder quieren derogar la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la Ley Trans, la Ley de Amnistía y la reforma conocida como ‘ley mordaza’. Después comprobaremos que el PP no tiene ninguna intención de cambiar nada. Ni de pactar, simplemente se limita a imponer sus políticas.
El PP lo ha hecho siempre, criticando el socialismo del PSOE, adjetivando y denostando su gestión con vocablos como «felipismo», «zapaterismo» o ahora, «sanchismo». Buscando la judicialización de la política, paralizando leyes en un largo proceso que acaba dividiendo al TC y evidenciando sus dos bloques, progresista y conservador. Como ocurrió, con el Estatut de Catalunya de 2006, aprobado en el Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 200 y dos meses y medio después, el 18 de junio, el Estatuto fue sometido a referéndum no vinculante entre los catalanes. Cuatro años después, la sentencia del TC del 31/2010 de 28 de junio fue recibida por la Catalunya nacionalista como un insulto, sumado a la negativa de Mariano Rajoy a negociar con Artur Mas un régimen fiscal similar al vasco para Catalunya. Que al final, acabó con el primer intento de referéndum de secesión, en 2004, posteriormente en el «procés», el referéndum del 1-O y la declaración de independencia catalana.
España no es socialista, ni el socialismo existe, ni es posible. Fue inventado, en la mitad del siglo XIX, para designar una visión crítica de la realidad social, frente a condiciones de trabajo, la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, el fin de la competencia de mercado, la eliminación de los precios generados por el mercado. Hasta que el socialismo se convirtió en pragmático, fue el comienzo de la socialdemocracia y el triunfo del neoliberalismo. Ahora, quizás al socialismo solo le queda, defender el bien común.
Algunos partidos siguen con su «síndrome de perro del hortelano» que les impide pensar en el bien común y además impiden que otros lo hagan. Hoy se votaba en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 7/2025, «por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico». El Congreso ha tumbado un decreto técnico «antiapagones» con el voto en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, UPN y BNG, donde parece que la prioridad era votar en contra del Gobierno y no en beneficio del bien común. Porque en este decreto ley estaban de acuerdo, desde el sector eléctrico hasta ecologistas, con la aplicación de bonificaciones fiscales que incentivan la adopción de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. La intransigencia puede ser el peor enemigo de la política, porque cualquier negociación requiere flexibilidad y el hecho de votar, no puede tener como único objetivo atacar al Gobierno y no en defender el bien común de la mayoría.
Cuando los extremos se juntan, cuando es capaz de votar lo mismo PP, Vox y Podemos. Algo no funciona, quizás puede ser el Gobierno. Pero, cuando la izquierda es capaz de votar lo mismo que la derecha y la ultraderecha, está colaborando a destruir la democracia, los derechos, las libertades, la igualdad, la justicia social y el medio ambiente. Atacar al Gobierno de coalición y a Pedro Sánchez es legitimo. Pero, la polarización y crispación de la sociedad, no servirá para que Podemos recupere su electorado. Simplemente contribuirá a que esta sociedad vote más al populismo de derechas.
Solo queda la unidad de la izquierda como base ideológica para vencer esos cantos de sirena de la derecha y del neoliberalismo. Que convierten a la juventud sin futuro, a los maltratados por el sistema, en enemigos de la democracia. Que encuentran respuesta al creciente descontento político, económico y social hacia los gobiernos liberales que han fallado en atender las necesidades de su ciudadanía. Donde hace unos años se buscaba la revolución en la izquierda, ahora desafortunadamente, crecen los discursos de odio, el señalamiento directo a los inmigrantes, a las instituciones y a la propia democracia.