El Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han firmado un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales por parte del clero español. Dicho acuerdo es para las víctimas de pederastia que no tienen recorrido judicial, bien porque ha prescrito o bien porque el victimario haya fallecido. La Iglesia católica asumirá la responsabilidad económica de las compensaciones, mientras que el Estado garantizará la supervisión y el control del procedimiento, a través de la independencia del Defensor del Pueblo.
El Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo, a través de una proposición de ley, con el único voto negativo de Vox, un «Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos» presentado en octubre de 2023, con 779 páginas, que concluye que al menos el 1,3 % de los españoles, es decir, 445.000 personas han sufrido agresiones en el seno de la institución religiosa. De los cuales, un 0,6 %, 236.000 víctimas sufrieron abusos por parte de un sacerdote o religioso.
De los 500 testimonios recogidos en dicho informe, 334 agresiones confesadas ocurrieron en colegios, después en iglesias, internados y seminarios. El 64,6 % de las personas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito religioso fueron hombres. En los extractos de los testimonios de abusos recogidos, se habla de tocamientos, masturbabaciones pasivas y activas, sexo oral y anal, casi todos a menores de edad. Todo esto tapado y negado por la Iglesia durante muchos años, cómplices además de con su silencio, de no evitar el que se siguieran produciendo dichos abusos de pederastia.
Cuando una madre y un padre decidían por fe, por imposición del régimen franquista o por necesidad económica, educar a sus hijas e hijos en la religión católica. Nunca fueron conscientes de dicho escándalo, que provocó el silencio de las víctimas por miedo a que no fueran creídos, el convencimiento familiar y social de la integridad del personal religioso y sobre todo el oscurantismo de la Iglesia.
El problema ha sido a nivel mundial dentro de la Iglesia, pero quizás a nivel español es donde se ha querido negar con mayor vehemencia. Donde la Iglesia católica esperó hasta julio de 2024, cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) aprobaron el «Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales» y la creación de la Comisión PRIVA para atender a las personas cuyos casos no habían tenido recorrido judicial. Que recibieron un trato insatisfactorio, en los casos que hubo investigaciones de carácter interno y casi siempre sin reparación y reconocimiento de las víctimas.
La correspondencia entre el número de víctimas que se dirigieron a la Comisión
y el número real de casos, hacía suponer que el número de víctimas era mucho
mayor de los que reconocía la Iglesia. Miles de personas que sufrieron pederastía en su niñez o juventud, con consecuencias psicológicas graves relacionadas, de forma directa o indirecta, con los abusos sufridos. Con consecuencias en su salud física y perjuicios
económicos, que han tenido que esperar a este acuerdo para encontrar una reparación y reconocimiento.
A la Iglesia católica le ha costado reconocer y responsabilizarse de unos abusos
sexuales que se han producido en centros propios, en actividades organizadas bajo
su responsabilidad y con su personal religioso. Las víctimas tienen derecho a la reparación y la Iglesia católica deben asumir su responsabilidad, independientemente de que los casos hayan prescrito según la ley o haya fallecido el acosador. La Iglesia debe dar ejemplo de transparencia, de prevención y de intervención, no puede inhibirse en las actuaciones del personal religioso que están en contacto con niños y niñas.
Es la Iglesia la que tiene que analizar su responsabilidad con sus representantes, es la que debe establecer los límites de relación, conocer los criterios de conducta y plantearse si todos estos problemas son la derivada de los problemas de sexualidad por el celibato. Estamos hablando de personas que están en contacto con niñas y niños, basado en la confianza y el amor a Dios, que necesitan apoyo y supervisión para que no se produzcan conductas anómalas que todos rechazamos a nivel social. Y, mucho más en una religión en que Jesús tenía un amor especial por los niños, pero que su Iglesia parece que le cuesta protegerlos y reconocer sus errores.