La Knesset (parlamento israelí) aprobó el lunes 30 de marzo, una ley que impone la pena de muerte a presos y presas palestinas condenados por terrorismo. Una ley que vulnera los derechos humanos y supone un claro ejemplo de carácter discriminatorio de facto. El ahorcamiento ha sido el método elegido por la mayoría del Parlamento israelí, que han celebrado la aprobación de dicha ley con un brindis de Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y socio ultraderechista de Netanyahu.
Con esta nueva ley, se recupera la pena de muerte como castigo a los palestinos. Que se añade al genocidio contra los palestinos, en su brutalidad desatada en la Franja de Gaza, Cisjordania y el Líbano. Donde aparte del uso de la tortura sistemática de palestinos por parte de Israel, ahora la legalización de la pena de muerte. Lo que permite la impunidad total por parte de Israel, para poder adueñarse de todo el territorio y que permite un paso más en el genocidio en los territorios palestinos ocupados ilegalmente.
Según, el Centro de Información Sanitaria del Ministerio de Salud palestino, en el genocidio contra el pueblo palestino han sido asesinados 70.300 palestinos y 171.000 heridos. De lo cuales 20.000 son niños, 10.000 son mujeres, 5.000 ancianos. Y, más de 57.000 niños palestinos han quedado huérfanos. Desde el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023, y la consiguiente respuesta de Israel.
Para ser ejecutados, no será necesario que haya ningún fiscal que reclame la pena capital para proceder a la ejecución, serán los tribunales militares que firmarán las sentencias de muerte por mayoría simple. El ejército de Israel será el responsable de determinar quién es terrorista. Un sistema que consolida el apartheid de Israel, incorporando la discriminación racista contra los palestinos en su legislación y por tanto, violando todas las normas de derecho internacional humanitario.
