Los okupas y los inquiokupas se han convertido en el otro problema de la derecha y la extrema derecha. Ambos coinciden que en España hay un problema de vivienda, además de los inmigrantes, los independentistas y Pedro Sánchez. Como en la propiedad conmutativa de la multiplicación, cambiar el orden de estos factores no alteran el resultado final: España se rompe.
Todos los partidos políticos están de acuerdo en que la vivienda es un problema real: déficit de viviendas, auge de los precios tanto de compra como de alquiler, falta de vivienda social, pisos vacíos, proliferación de pisos turísticos, dificultad de acceso a la financiación… Pero, además la derecha y la extrema derecha han añadido un problema de seguridad y orden, que para ellos es la okupación.
El martes en el Congreso de los Diputados, el Gobierno perdió la votación del «decreto-ley ómnibus», con el voto en contra del PP, Vox y Junts. Los tres coinciden que no están de acuerdo con la prórroga del Real Decreto 11/2020, por proteger a los okupas, evitar su desahucio y los impagos que sufren miles de caseros. Según Miriam Nogueras de Junts, «No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no pagas el alquiler».
La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria y que se ha ido prorrogando de forma sistemática hasta ahora. Donde la derecha está en contra y reclaman soluciones habitacionales para quien lo necesite, en lugar de obligar a los caseros a ejercer de servicios sociales.
En esta prórroga entra el impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, para quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Además, se intentaba prorrogar la posibilidad de solicitar compensaciones, que el Gobierno dotará con 300 millones de euros por impagos.
Si resumimos que para el discurso de Vox, al que parece se añade el PP, el problema de la vivienda la tienen los okupas, los inquiokupas y los migrantes. Ellos no mencionan los caseros, los fondos buitres y la especulación. Hay que vender una idea que no es real, según las estadísticas. Pero, que intentan que la ciudadanía se la crea. Vender casi la idea, de que cuando salgamos de casa unos okupas o unos migrantes se apoderarán de ella. O, si la alquila, los inquiokupas le destrozarán su vivienda y además no le pagarán.
Siempre que se busca normalizar los extremos, está claro que no se habla de algo que esté extendido y que suponga un peligro para los caseros. Pero, sirve de excusa para hablar constantemente en medios afines redes sociales y que además sirve de pretexto para la creación de empresas de desokupación relacionadas con la extrema derecha. Utilizando así la anécdota como norma generalizada y no hablando de los problemas reales, como son el acceso a la vivienda y los precios excesivos de compra y alquiler.
Mezclando el delito de usurpación con el allanamiento de morada, dos delitos completamente diferentes. Porque la usurpación tiene lugar cuando se ocupa una vivienda vacía, que tarda más en resolverse y el culpable debe pagar una multa económica. Y, el allanamiento de morada se produce cuando se ocupa una vivienda habitada, donde la intervención policial es inmediata y las penas son de cárcel. Pero, la derecha y la extrema derecha mezclan estos dos conceptos, intentando confundir y generar miedo.
Ni todos los migrantes son delincuentes, ni todos los inquilinos son inquiokupas, ni España tiene unos índices de delincuencia preocupantes. Ni los okupas están ocupando todas las viviendas. Evidentemente es un problema y hay que buscar soluciones para que no siga sucediendo. Pero, generalizar es siempre una forma de equivocarse y de buscar intereses espurios para crear miedos y conseguir votos.
