El Gobierno español y el Govern de la Generalitat han definido hoy las bases del nuevo modelo de financiación singular para Catalunya, un sistema pactado a cambio del «sí» a la investidura de Salvador Illa, hace prácticamente un año por el PSC y ERC, cuyos plazos y cifras aún están por concretar. Una medida inspirada en el llamado «cupo vasco» que tiene como objetivo que la Generalitat recaude el 100% los impuestos que se pagan en Catalunya, en vez del actual 9%. Y, que después, se transfiera al Estado una parte a determinar por los servicios que el Estado siga prestando en Catalunya, más otra partida para contribuir a la equidad entre territorios. Lo cual significa para muchos un peligro para la unidad y la igualdad entre territorios.
La organización territorial del Estado no está definida por la Constitución tan minuciosamente como los principios y fundamentos de la soberanía del pueblo español, la unidad de la Nación española, la Corona, la supremacía de la Constitución… Pero, muchos otros detalles fueron dejados para solventarse en el futuro, en los Parlamentos regionales, en los diferentes Estatutos de Autonomía y con sus limitaciones y defectos, solucionados por los cauces del Derecho. En la disposición adicional primera de la Constitución, habla de los derechos forales históricos en materia fiscal para País Vasco y Navarra consagrando una relación bilateral con el Estado a través de un Concierto Económico específico, rompiendo el valor superior de la igualdad que intenta regir en toda la Constitución. Además, de pretender que los derechos históricos justificaran privilegios de una parte de España. Estableciendo dos vías para acceder a la autonomía: una vía más rápida, prevista para las comunidades con «realidad nacional preexistente» (artículo 151), y otra vía general (artículo 143).
Donde por ejemplo en Andalucía, el 28 de Febrero se celebró el Referéndum Autonómico de 1980, donde los andaluces lucharon por “no ser menos que las que más” , que Catalunya, Euskadi y Galicia, reconocidas como nacionalidades históricas. Donde la “igualdad”, “todos en un mismo nivel” , «el café para todos» no fue igual para todas las autonomías. Con un españolismo dogmático, casi incuestionable y disfrazándolo de un autonomismo que muchos no creían. Se hubiera podido hacer un modelo federal, que hubiera impedido la obtención constante de nuevos privilegios y competencias, con agravios entre Comunidades Autónomas. Pero, ni sociedad estaba preparada, ni la derecha dispuesta. Se hizo un sistema autonómico que acabó con la deriva independentista en Catalunya y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Catalunya.
España es un Estado donde coexisten y se relacionan diversas culturas, lenguas e identidades fruto de procesos históricos complejos, que se han conformado bajo la hegemonía del nacionalismo español. Lo que dio lugar a situaciones de desarrollo desigual, con todo tipo de desequilibrios territoriales, migraciones… El Estado de las Autonomías, solucionó muchas de esas diferencias, como los denominados «hechos diferenciales» objetivos, como la existencia de lengua propia, y subjetivos, diferentes niveles de conciencia de pueblo, teniendo los mismos derechos y servicios. Donde siempre ha habido un cuestionamiento de su funcionamiento y duplicidad, por fuerzas políticas partidarias de un proceso de recentralización y, de otro, por un nacionalismo que hace planteamientos soberanistas. En el cual la financiación catalana, siempre ha sido una nota discordante.
El federalismo ofrece el marco político más adecuado para poder alcanzar el mayor nivel posible de integración de los territorios, pero en España nadie ha creído nunca en el federalismo y menos la derecha y los independentistas. Donde unos han preferido un Estado común homogéneo y otros un país independiente. Ahora, que se cuestiona el sistema de financiación catalana para pasar a un sistema muy similar al foral, en el que la Generalitat regularía, recaudaría e ingresaría todos los impuestos de titularidad estatal. A cambio, la comunidad aportaría una especie de cupo para financiar los servicios que el Estado siga prestando en Catalunya y una partida de solidaridad en beneficio de las comunidades autónomas de menor renta.
Ahora, el dilema es si este sistema que ha desatado fuertes críticas entre la derecha y voces discordantes del PSOE, se puede generalizar a todas las comunidades autónomas, renunciando, según los críticos, a los principios de solidaridad e igualdad. Es curioso que no se cuestiona la financiación de Navarra y País Vasco porque figura en la Constitución, pero hay una negativa a la financiación catalana porque dicen que es un pago al nacionalismo catalán y una forma de supervivencia para Pedro Sánchez. Algunos prefieren que no se llegue a ningún acuerdo con Catalunya, no aceptar chantajes y seguir con la negación dogmática de la diversidad y plurinacionalidad del estado español. El problema de la financiación de Catalunya, no es un problema de este Gobierno, lo será también del que venga. El catalanismo está dormido, aletargado, pero no está muerto. Pueden volver las exigencias del derecho a decidir, de si quieren o no seguir perteneciendo a España y en qué condiciones… ¿ Ya nadie se acuerda, de los errores del pasado ?
