7.291 fallecidos en residencias de mayores por culpa de los “protocolos de la vergüenza”, un protocolo de exclusión de pacientes de residencias para evitar su derivación a hospitales. Impidiendo el traslado a los hospitales durante la peor fase de la pandemia del Covid, en las últimas semanas de marzo y primeras de abril de 2020. Sin embargo, las personas con un seguro en la sanidad privada fueron mayoritariamente trasladadas a hospitales.
El Partido Popular y Vox quisieren responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez y concretamente de la gestión de las residencias alegando que Salvador Illa, y máxima autoridad durante el estado de alarma, delegó en Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales, donde según ellos, estaban incluidas las residencias de mayores. Pero, la verdad es que el decreto de estado de alarma promulgado el 11 de marzo estableció la centralización de competencias solo en cuatro ámbitos: Sanidad, Interior, Defensa y Movilidad. La competencia sobre residencias nunca se transfirió ni se intervino a las Comunidades Autónomas.
Pero fue Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero los que decidieron que las residencias de la Comunidad se iban a medicalizar y los pacientes serían atendidos en ellas. Las residencias se convirtieron pronto en un foco de contagio y de muertes. 7.291 fallecidos que quizás hubieran muerto de todas formas, pero que por culpa de unos «protocolos de la vergüenza» se condenó a 7.291 mayores a morir sin ir a un hospital.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitió a las personas residentes con seguro privado asistir al hospital y negó la asistencia a las personas que carecían del mismo. Era lo peor de la pandemia, mucha gente fallecían en sus casas y en los hospitales. Pero, lo que es inhumano es que unos «protocolos de la vergüenza» decidan que unos mayores se puedan trasladar a un hospital y otros no. No por su carga viral, sino porque unos pagaban un seguro privado y otros no.
Algún día la justicia reconocerá la culpabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el fallecimiento de 7.291 personas, sin atención médica y humana. Porque esas residencias o mejor dicho el «negocio de las residencias» no contaban ni con los recursos ni con el personal para atender a sus residentes. Dejar morir a 7.291 personas no ha impedido que la presidenta fuera investida de nuevo, tras conseguir mayoría absoluta en las elecciones del 28M de 2023. En su conciencia, si la tiene, siempre lo tendrá.
