El Ministerio de Igualdad admite fallos en las pulseras antimaltrato. Todo puede fallar, menos la transparencia y la comunicación, mucho más, cuando estamos hablando de poner mujeres en peligro. Las llamadas pulseras antimaltrato, desde 2009 que se pusieron en marcha contra la violencia de género. Es una tecnología inalámbrica que, por geolocalización, permite conocer la posición del agresor respecto de la víctima. Es decir, alertan a la policía cuando el maltratador se acerca a la víctima.
Las pulseras antimaltrato puede tener fallos técnicos como la falta de cobertura o que la pulsera del condenado no cargue correctamente. Tener una pulsera de protección telemática da seguridad y tranquilidad a la víctima, pero también crea inseguridad cuando hay incidencias o fallos técnicos. Las pulseras generan una alerta telemática en tres supuestos: cuando su portador se acerca a la víctima, cuando la manipula y cuando la mujer maltratada pulsa el llamado botón del pánico, que está en el receptor asociado a la pulsera. La evidencia mejor de uso de las pulseras antimaltrato, es que no se ha asesinado a ninguna mujer portadora de este sistema.
El Ministerio de Igualdad ha reconocido problemas técnicos en las pulseras, que se debe a un problema técnico surgido en 2024, por el cambio de empresa adjudicataria, de Telefónica y Securitas a Vodafone y Securitas. La ministra de Igualdad ha reconocido que «desgraciadamente, esta tecnología falla«. Provocando absoluciones y sobreseimientos en quebrantamientos de órdenes de alejamiento, por falta de pruebas. Además, del nerviosismo y temor que produce en las víctimas.
Todo sistema puede fallar, menos la transparencia y la comunicación, mucho más, cuando estamos hablando de poner mujeres en peligro. Lo que no se puede admitir es que algunas víctimas, jueces y abogados eran conocedores de los fallos del sistema. Y, lo más grave es que el Ministerio de Igualdad era consciente desde 2024 de los errores del sistema. Dichos fallos han acabado con la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo por el Congreso de los Diputados. Ayer 25 de septiembre, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género compareció en el Congreso donde ha pedido disculpas a las mujeres “que se sienten inquietas por la situación que estamos viviendo”, aunque ha declarado que es un servicio “que protege a las mujeres y salva vidas cada día”.
La democracia se fundamenta en la confianza que los ciudadanos y ciudadanas depositamos en nuestras instituciones y autoridades. Esa confianza exige transparencia y comunicación. El Gobierno de España tiene la obligación de comunicar dichos errores a las víctimas, pero también a toda la sociedad. Los fallos o errores de un sistema tan complejo y tan importante para la seguridad de muchas mujeres, tiene que hacerse una investigación pormenorizada y dar los resultados a la opinión pública. No se puede barrer y dejar debajo de la alfombra, no se puede esconder los problemas, con la intención de hacerlos pasar desapercibidos. Y, de eso tiene experiencia el Gobierno de Pedro Sánchez. La transparencia es prioritaria.
Fue la Fiscalía la que, en su última memoria, señaló un fallo en el volcado de datos del sistema Cometa y eso supuso una «potencial desprotección de las víctimas» y «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores». La aprovechó para desviar la atención sobre el genocidio en Gaza. El PP ha utilizado, como debe hacer la oposición, para atacar al Gobierno y pedir la dimisión de la ministra. Que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pida disculpas, por los fallos de las pulseras. No soluciona el que ha existido un problema y se ha tapado. Un gobierno progresista tiene la obligación de transparencia, de comunicación y de dar seguridad a las víctimas. La ministra debería dimitir o ser cesada. Y, no solo porque lo pida la oposición.