Los migrantes son parte de la sociedad y contribuyen a enriquecerla: trabajan y pagan impuestos… Sin embargo, sus derechos no siempre están reconocidos. Son esas personas que limpian nuestras casas, cuidan de nuestros mayores o de nuestros hijos. Esas personas que trabajan de manteros, en la construcción o en el campo. Los vemos en las calles, en el transporte público, no tienen permiso de residencia. Los llaman ilegales, aunque simplemente es que se encuentran en situación administrativa irregular.
Según la Ley de extranjería vigente, no pueden firmar un contrato de trabajo, ni alquilar una vivienda, ni abrir una cuenta bancaria. Los migrantes se han convertido en el tema central de la agenda de la extrema derecha: los discursos de odio y las políticas de criminalización, haciéndonos ver que son el gran problema de esta sociedad. Pero, mientras tanto, manteniendo la irregularidad administrativa a miles de personas y en contra de los derechos humanos.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, llegó respaldada por más de 600.000 firmas al Congreso de los Diputados, superó la toma en consideración, con el apoyo de todos los grupos menos Vox en abril de 2024. Y, desde entonces estaba bloqueada por falta de acuerdo parlamentario, para modificar la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Hoy Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que concederá papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España. Mientras tanto, el Ejecutivo ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para esta iniciativa.
Lo cual significa que «tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia». Con este proceso se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año y quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por temas administrativos. Cuando termine dicho plazo, podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Desde 2005, con Rodríguez Zapatero, no han habido regularizaciones extraordinarias de migrantes con la idea de «papeles para todos». Las hubo en los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar, como la de 2001 en su primera legislatura, cuando el PP todavía no tenía mayoría absoluta en el Congreso. Pero, ahora el Partido Popular, según Alberto Núñez Feijóo, asegura que es “desviar la atención” de los accidentes ferroviarios, aumentar el “efecto llamada” o “desbordar” los servicios públicos. Y, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Pedro Sánchez de “promover el efecto llamada por decreto para acelerar la invasión”.
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación y permitirá regularizar la situación irregular a una cifra aproximada a los 500.000 migrantes, que quedaban fuera de los cauces habituales como la figura del arraigo, que entró en vigor el 2025 y que calculaba el Gobierno que podía legalizar alrededor de 900.000 personas en tres años. Una medida de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, que pagan el IVA en sus compras, que contribuyen a la economía española, pero que algunos no quieren que existan.
Se atacará esta medida por parte de la derecha y la extrema derecha, se incidirá en hablar de nuevo de deportaciones y remigración. Y, seguro que muchos españoles y españolas votarán a esa derecha y extrema derecha refrendando dichas posturas. Pero, las fuerzas progresistas no pueden permitir la violencia institucional contra los migrantes, manteniendo la irregularidad administrativa, la precarización y olvidando sus derechos.
