La guerra ilegal contra Irán tiene repercusiones humanitarias, en el derecho internacional y por supuesto en la economía mundial. España necesita tener un escudo social de «No a la guerra». Un Gobierno progresista debe ser valiente y aplicar políticas públicas que protejan a la ciudadanía en tiempos de incertidumbre y de crisis. Se hizo con la pandemia del Covid-19 y se volvió a crear un escudo social por la invasión de Rusia a Ucrania.
El Real Decreto-ley 16/2025, prorrogaba para el 2026, algunas de esas medidas con las que hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Ese escudo social el pasado 27 de enero fue votado en contra por PP, VOX, Junts y UPN. Aparte de un texto para topar precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Unas medidas que se hubieran podido aplicar para paliar la subida de los combustibles, en estos comienzos de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Las derecha española y catalana no está dispuesta a limitar los precios especulativos en situaciones de emergencia, ni a reforzar la protección frente a los desahucios. Desconfían de lo que consideran un exceso de intervención estatal, están en contra de proteger el bienestar, reforzando los servicios públicos y avanzando en nuevos derechos. Ellos prefieren bajar impuestos y privatizar lo público.
Después de diez días del inicio del conflicto, sin respetar el derecho internacional y el derecho humanitario, por parte de Estados Unidos e Israel. La guerra se ha expandido por todo Oriente Medio. Con el ataque sistemático sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel; el cierre del estrecho de Ormuz, por parte de Irán y el ataque contra el Líbano, por parte de Israel.
El resultado muertos, heridos, la destrucción de las infraestructuras de Irán, el desplazamiento de cientos de miles de refugiados, a imitación de la guerra en Gaza. Las pérdidas bursátiles a nivel mundial, la subida de los precios de los combustibles, el miedo al desabastecimiento y la consecuente subida de precios de bienes y servicios.
Después están las consecuencias de la decisión unilateral y caprichosa de Trump, que nos afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos: el precio del combustible y del dinero, la subida generalizada y por supuesto, el temor a que el conflicto perdure en el tiempo y se extienda globalmente.
Estamos en un cambio de época, donde se olvida la legalidad y prevalece la ley del más fuerte. Las crisis las pagamos siempre los mismos y se enriquecen también los mismos multimillonarios. Es cuando la ciudadanía se queda huérfana y necesita el apoyo del Estado. Se necesita un giro a la izquierda por parte del Gobierno de España, para hacer un escudo social.
Por eso, el “No a la guerra” debe ir acompañado de unas medidas que se concreten en un reforzamiento de un escudo social. Que sirva para amortiguar los daños colaterales de esta guerra ilegal. La derecha ha votado en contra del escudo social, en dos ocasiones, exigiendo garantías frente a la ocupación y la morosidad de alquileres.
Si la guerra de Irán continua, es necesario un escudo social de «No a la guerra», que proteja a las clases populares, a los autónomos y a todos los más afectados por la crisis. Todos sabemos las consecuencias: subida de precios y servicios, aumento de la inflación, congelación de sueldos, más desempleo, menor capacidad de compra, más morosidad, más desahucios y quizás más okupas.
Está guerra dependerá sobre todo de la capacidad de resistencia del régimen iraní y la capacidad de Estados Unidos e Israel Pero, algo que nos enseñó la guerra ilegal contra Irak, es la importancia de la opinión pública en contra. Después vendrán las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos donde Trump puede sufrir una derrota o no. O, el comienzo de otra guerra.
Mientras tanto, sigue el genocidio de Gaza, se extiende a Cisjordania. La guerra de Ucrania sigue sin un final cierto. En el mundo sigue la pobreza, la desigualdad y los multimillonarios siguen haciéndose cada vez más ricos. Donde parar las guerras, no es ninguna prioridad a nivel político. Y, donde además, la derecha vota en contra de cualquier escudo social, en contra de los más necesitados.
