El Partido Popular, Vox y Junts han decidido votar NO contra el decreto ley del escudo social. El escudo social incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz a personas vulnerables. Los descuentos en el bono social eléctrico , exenciones fiscales, ayudas para los afectados por los incendios del verano pasado y la dana. PP, Vox y Junts han dicho que no al escudo social.
Aparte, de sus no al decreto del Ministerio de Consumo que daba al Gobierno la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia, como la ocurrida con los temporales en Andalucía. El Partido Popular, Vox y Junts están a favor de que en una situación de emergencia, suban los precios de los aviones, los coches de alquiler y cualquier servicio, por la ley de la oferta y la demanda.
Se han aprobado otros dos decretos del Ejecutivo, el que revaloriza las pensiones para este año 2026, con el NO por parte de Vox. Y, el de las ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
El Partido Popular, Vox y Junts han votado para echar a las familias más vulnerables, familias que tienen que demostrar que se encuentran en una situación de extrema necesidad. Pero, para Junts, PP y Vox son okupas. A lo que ayudan los titulares alarmistas, reportajes sensacionalistas e informaciones sin contrastar de los medios de comunicación, que ayudan a crear un problema que parece generalizado.
Se han acuñado términos como “inquiokupación” para referirse al impago del alquiler por parte de los inquilinos en un inmueble. Los políticos de las derechas, en su política del miedo, transmiten el temor a que todas las casas pueden ser ocupadas, han mezclado la morosidad con la inquiokupación. A pesar que las leyes contemplan como delito esas situaciones y protegen a los arrendatarios.
El no al escudo social, supone arrebatar la posibilidad de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La okupación irregular es un problema marginal en España, pero que se ha convertido en un tema político y mediático. Con un miedo rentable para muchos sectores de la seguridad privada y opacando la crisis de la vivienda, la falta de vivienda pública, la especulación, los precios, los pisos turísticos frente a la vivienda habitual y que cada vez más personas se ven expulsadas de los centros urbanos o viven al límite de sus posibilidades económicas. Donde se prioriza siempre los intereses empresariales a los de la ciudadanía.
Nos están haciendo creer que es un grave problema, cuando según datos oficiales del Ministerio del Interior en 2025, podría afectar al 0,057% de las viviendas. Pero, la percepción de la población es que es un fenómeno mayoritario, que plantea una contradicción con el nivel de alarma social que se difunde. Hablando de mafias que arrebatan la casa a un ciudadano medio, de criminalidad, de inseguridad. Y, todo esto, con uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa.
Se intenta englobar con el término okupa realidades muy diversas. Desde las ocupaciones de viviendas deshabitadas, propiedad de bancos o fondos buitre, a las viviendas de caseros particulares. Donde normalmente en el discurso dominante de las derechas, no se suele hacer distinciones. Porque se mezcla el allanamiento de morada, que es la ocupación de una vivienda habitada y la usurpación, que es la ocupación de una vivienda deshabitada. Donde la legislación es diferente en sus plazos y ejecución.
Las derechas y la extrema derecha instrumentalizan el miedo a los inmigrantes, a los okupas. Para dentro de esta narrativa de la delincuencia, crear en el ciudadano medio un problema que no existe. Ese es uno de sus grandes triunfos sociales de las derechas. Votan no al escudo social y no tienen que dar más explicaciones, simplemente hablar de okupación y de inseguridad. Creando miedo.
El no de PP, Vox y Junts al escudo social, es criminalizar la pobreza, es no pensar en las personas vulnerables. En los desahucios que pueden afectar a más de 60 mil familias, 70 mil procedimientos suspendidos, más de 600 mil renovaciones de contratos de alquiler con unas subidas desproporcionadas. Personas en riesgo de pobreza o exclusión social que cuando sean desahuciadas, solo tendrán como única solución ser okupas. Y, si les queda aún ganas de votar en las próximas elecciones, se acuerden de a quienes no deberían de votar.
