El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones, permite que se establezcan prioridades y evaluar la forma de consecución de sus objetivos. Los presupuestos son el cálculo anticipado de los ingresos y gastos durante un período, a partir de aquí, se planifica los resultados que se quieren conseguir y se establecen las medidas necesarias para que se conviertan en realidad. Por lo tanto, ni una empresa ni un Gobierno pueden impulsar acciones de mejora sin presupuestos.
Los presupuestos generales del Estado (PGE) son la herramienta fundamental para la gestión económica y financiera del país. Es donde se determina la asignación de los recursos estatales. Donde se plasman las prioridades del Gobierno en su política social y económica, desde impuestos, hasta los gastos públicos.
Los PGE son el resultado de un largo proceso de elaboración y de negociación entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas. Para conseguir su presentación a las Cortes Generales, donde se debaten, se incluyen enmiendas y se aprueban. Si por cualquier razón no se presentan, se produce de manera automática una prórroga conforme a lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución. En España llevamos tres años sin unas nuevas cuentas, desde 2023 prorrogando los anteriores y con la certeza de que los presupuestos para 2026, si son presentados, no gozarán de la aprobación parlamentaria por falta de consenso y para aumentar la presión sobre el Gobierno de coalición.
Este argumento es el que sostiene el Partido Popular y Vox, con el «silencio» de los partidos que apoyaron la investidura, excepto Junts que también se ha unido a no aprobar los nuevos presupuestos. ¿ Se puede gobernar así ? La respuesta es que se está haciendo, pero evidentemente un país con presupuestos prorrogados no es la mejor medida. En Extremadura y Aragón, no han podido conseguir los presupuestos autonómicos y han convocado elecciones, una forma de mantener el argumento de que si no hay presupuestos, es necesario convocar elecciones.
Por tercer año consecutivo el Gobierno ha incumplido el plazo constitucional para presentar los presupuestos, el Consejo de Ministros no ha podido aprobar ni la senda fiscal ni el techo de gasto, que son los pasos previos. Las Comunidades autónomas gobernadas por el PP se han opuesto a la senda de déficit y la negativa del Congreso provocará una pérdida total de 5.485 millones para las comunidades autónomas. El Partido Popular critica que no hay presupuestos, pero boicotea todas las medidas. Prefieren atacar al Gobierno de España para forzar unas nuevas elecciones, que pensar en las ventajas que benefician a la ciudadanía.
La política se entiende para mejorar las condiciones sociopolíticas, mejorar el bienestar social, la educación, un trabajo digno, el derecho a una vivienda… En definitiva, hacer una mejor. Si la política se convierte en el uso del odio y de manejos demagógicos, se destruye, se debilita y se crea el descrédito hacia la política y la democracia. Se puede estar en desacuerdo, pero también se puede buscar el consenso para aprobar unos presupuestos, el PSOE no es el único culpable de no tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado, desde hace tres años en España.
Si el objetivo es forzar unas elecciones, todo vale para el PP, Vox y Junts. Si no hay presupuestos, la convocatoria de elecciones es una opción para que el próximo Gobierno pueda presentarlos, pero solo si obtiene una mayoría o logra el consenso. Porque sino podría pasar lo mismo. De todas formas por dignidad política y por incapacidad de presentar unos presupuestos, las elecciones son lo menos malo. Pero, que conste que el PP también ha prorrogado presupuestos a nivel nacional y autonómico, no siendo óbice para seguir gobernando.
