A principios del mes de julio Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, pidió un adelanto de las elecciones generales, donde la Iglesia con cierta parcialidad, se hizo portavoz de lo que ellos entienden como una preocupación social y moral, ante los casos de corrupción del PSOE.
Hoy en una entrevista en La Vanguardia, Luis Argüello, defiende la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política que se vive en España. Y, se reitera en lo dicho en julio, pidiendo que hay que ir a «una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos«, es decir, «lo que prevé la Constitución». A lo mejor la Iglesia católica española piensa que no es momento de neutralidad e imparcialidad, que es tiempo de tomar postura en contra del Gobierno de España y por lo tanto a favor de la derecha.
La postura de Argüello quizás para algunos, no representa una ruptura con la neutralidad que debería mantener la Iglesia, sino un compromiso con el bien común y la sociedad. Porque, la Iglesia y sus componentes son miembros de la sociedad y tienen derecho a expresar su opinión. Pero, por el contrario parece que la Iglesia quiere recuperar ser un poder fáctico como lo fue en la dictadura franquista y poder imponer su doctrina a toda la sociedad.
La Iglesia opina de la situación moral de la sociedad, del concepto de familia que ellos tienen, del aborto, de la eutanasia, de la educación…, que también es otra forma de hacer política. La falta de neutralidad y la parcialidad de la Iglesia es constante en todos sus pronunciamientos, porque aún están convencidos de que vivimos en un país católico. Pero, según el artículo 16.3 de la Constitución Española somos un país aconfesional y cuando habla la Iglesia católica en teoría se dirige solamente a sus fieles, no a toda la sociedad.
Una institución católica que mantiene aún privilegios en educación, tributos, financiación y registro de inmuebles. Que mantiene los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979. Con anomalías como que el Jefe del Estado está obligado a jurar y no a prometer la Carta Magna. Donde el Gobierno es incapaz de desacralizar Cuelgamuros, permaneciendo la cruz y la abadía. En este país no solo existe la parcialidad de la Iglesia católica, también existe la parcialidad del Estado con dicha institución.
Esta misma Iglesia que se cree con el derecho de opinar de la situación política actual, fue incapaz de desautorizar a la dictadura franquista, que no ha pedido disculpas por su relación y supuesta connivencia con el régimen. La Iglesia argentina, chilena y la alemana lo pidieron, la Iglesia española no lo ha hecho. Esa Iglesia que se consideraba perseguida por el Frente Popular, durante casi cuarenta años fue privilegiada, donde sus grandes protectores del golpe fueron Hitler y Mussolini. La jerarquía de la Iglesia española diferenció mucho a las víctimas del bando golpista con las víctimas republicanas. Sin embargo llevaban al dictador Franco bajo palio.
Esa misma Iglesia que pide: «una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos«, esconde sus casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia católica. No critica la postura de los partidos de derecha y extrema derecha que criminaliza a los inmigrantes y a los menores no acompañados. La parcialidad de esta Iglesia se nota demasiado, que quizás solo la vemos los agnósticos, ateos o críticos con esta Iglesia cuando hablan de corrupción, de de democracia y de transparencia, algo que no utiliza, ni conoce esta institución.
