Sin ley, sin leyes no hay una verdadera libertad. Las leyes que rigen en un Estado de derecho son las que dictan las reglas del juego democrático y las que permiten la convivencia. No todas las leyes son del gusto de todo el mundo, pero las leyes están hechas para cumplirse. No hay excepciones. España es un Estado democrático, en el que el proceso legislativo comienza con una iniciativa legislativa. Es decir, la propuesta de una nueva ley o la modificación de una ley existente. Puede hacer la propuesta de ley el Gobierno, los grupos parlamentarios, las Cámaras y a través de la iniciativa popular. Una vez presentada la iniciativa legislativa por alguno de los actores anteriores, el proyecto de ley se tramita en el Congreso de los Diputados, con el debate en comisiones, después se delibera el proyecto de ley, se proponen enmiendas y se realiza una votación. Si el proyecto no es aprobado en el Congreso, queda rechazado y se devuelve a quien haya elaborado la proposición de ley.
En caso de aprobación, se envía al Senado para su revisión que puede aceptar o proponer enmiendas y modificaciones. El Senado puede vetar o rechazar pero no es definitivo. La ley vuelve al Congreso de los Diputados que puede aprobarla, incluso en contra del Senado. Una vez llegado a un acuerdo sobre el texto definitivo, viene el trámite de firmar el rey. Tras la sanción, la ley se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que marca su entrada en vigor. Por lo tanto, las leyes no las aprueba el poder ejecutivo, las leyes se votan en el poder legislativo, en el Congreso de los Diputados y el Senado.
En España, el aborto está legalizado y regulado por la Ley Orgánica 2/2010 y sus modificaciones, la más reciente en 2023. La ley del aborto reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo. Por lo tanto, un derecho protegido por la legislación española y avalado por sentencias del Tribunal Constitucional. La ley del aborto reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y regula el registro de profesionales que se acogen al mismo; pueden hacerlo por motivos religiosos o simplemente deontológicos o bioéticos. Un listado privado para la gestión de los recursos humanos para garantizar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, «evitando cualquier tipo de discriminación derivada de la objeción y no pudiendo utilizarse para una finalidad distinta». Con la ley del aborto se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, las leyes son las mismas para todos y todos debemos cumplir con lo que dicen.
El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir «una obligación legal». Sin embargo la máxima representante del Estado en la Comunidad de Madrid, se niega a crear la lista de objetores, incumpliendo la ley. El Gobierno de España llevará a los tribunales a Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid, por negarse a crear el registro de objetores del aborto. Ayuso responde al recurso judicial que «Solo un dictador puede obligar a los médicos a hacer lo que no quieren«. No es cuestión de dictadura, es cuestión de cumplir la ley. La Comunidad de Madrid dejará en manos de la Justicia la decisión de la implantación de este listado. «Preferimos que sea sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie». Cuando se habla tanto de libertad, se tiene que recordar que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Y el primer deber es cumplir la ley.
