En 2024 se cumplieron 40 años de la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que aboga por que se respete tanto su función litúrgica como su valor histórico-cultural universal. Porque las obras artísticas tienen que ser de todos.
Si la Gran Muralla China, la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, la Estatua de la Libertad, las pirámides de Guiza, Notre-Dame o la Alhambra son de todos. La Mezquita no puede ser una excepción. Este es el objetivo de Plataforma Mezquita Córdoba conseguir el reconocimiento jurídico de su titularidad pública.
El artículo 46 de la Constitución obliga a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de España. Y, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba lo siguiente: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia“. Dicha promesa electoral fue incumplida y cerca de 35.000 inmuebles han quedado inscritos definitivamente a nombre de la Iglesia. Entre ellos la Mezquita.
Después, del incendio que sufrió la Mezquita de Córdoba, el pasado 8 de agosto, se volvió a plantear de nuevo una vieja reivindicación: «el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita». Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, preguntó al Gobierno de España, sobre dicho tema.
El Gobierno de España le ha respondido, que «no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble«, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica. Ni el Gobierno de España, ni la Junta de Andalucía, ni el ayuntamiento de Córdoba están dispuestos a comenzar una disputa legal con la Iglesia.
La Plataforma Mezquita de Córdoba lleva desde 2013 luchando por “que el patrimonio sea del pueblo”. Es decir, de todos. Pero, no existe una voluntad política. La Mezquita es un bien público que se quedó indebidamente la Iglesia Católica. La Mezquita debería ser de titularidad pública y que el uso de la Iglesia se utilice para el culto católico. Notre-Dame de París, por ejemplo, es propiedad del Estado francés, que es responsable de su mantenimiento y patrimonio, aunque la Iglesia católica tiene el derecho exclusivo de uso para fines litúrgicos.
Gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de Aznar en 2006, devolvió a los obispos la condición de fedatarios públicos, lo cual permitió inscribir los inmuebles sin tener que demostrar dicha propiedad. El Registro de la Propiedad debe exigir tres requisitos ante cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y que esté libre de cargas. Si estos requisitos no se comprobaron, invalidaría dichas inscripciones. Pero, falta voluntad de que la Mezquita sea de todos, incluso a nivel religioso, intentando hacer olvidar su pasado musulman.
