Hoy 20-N, el Tribunal Supremo ha comunicado mediante una providencia, a la espera de que la resolución sea redactada y notificada, condenando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Quizás el fallo, hubiera podido llegar en otra fecha, pero ha sido en el 50 aniversario de la muerte de Franco, una casualidad quizá premeditada. Parece un intento de «golpismo» tanto judicial, como político y mediático, un fallo sobre el contenido de una comunicación entre un abogado y el Fiscal General del Estado protegido por el secreto profesional, sin necesidad de pruebas incriminatorias, sin respetar la presunción de inocencia y sin creer en las declaraciones de seis periodistas que confirmaron que tenían el correo antes que García Ortiz.
Un «golpismo» que ha conseguido su propósito, que deje de tener relevancia el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco y que todo el mundo hable del fallo del Tribunal Supremo. Una muestra de un juicio demasiado politizado, que con su fallo hace también política. Las sentencias se cumplen, se deben respetar, pero respetar una resolución judicial no significa estar de acuerdo con su fallo.
Se puede estar en desacuerdo con el Poder Judicial. Todos en virtud del derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a criticar las decisiones judiciales. Muchas resoluciones judiciales crean estupor o mejor dicho, desconfianza. Todos hemos cuestionado alguna vez alguna resolución de un juez o tribunal por considerarla errónea. Y, solemos calificar de buena sentencia, la que favorece los intereses de los «míos» y por el contrario, si no lo es. La dificultad de una sentencia argumentada en derecho y que acierte en Justicia, no siempre se consigue.
El Tribunal Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de «datos reservados», por haber filtrado un correo a la prensa. Lo que se desconoce es si la sentencia es por el correo con la confesión del novio de Ayuso o por la elaboración de la nota de prensa para desmentir el bulo lanzado por el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que él mismo admitió haber difundido. Un juicio que partió de un bulo y sin pruebas. La justicia no ha creído a los periodistas, aun teniendo obligación de decir la verdad. Sin embargo la testificación del teniente general de la UCO Antonio Balas, que «durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado«. Parece que se ha sido tenido más en cuenta.
García Ortiz tendrá que pagar las costas y también 10.000 euros por daños morales a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La Justicia interpreta y aplica la ley, pero parece más una sentencia de apoyo al PP y en contra del Gobierno de España. Una multa e inhabilitación al Fiscal General del Estado que parece salvar a Ayuso y a su pareja. Cinco magistrados conservadores le condenan y 2 progresistas le absuelven, no han conseguido ni la unanimidad en la sentencia a García Ortiz.
Siempre nos quedará la duda si como dijo el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó a sus senadores en un grupo de Whats App: «Controlaremos la Sala Segunda desde detrás«. O la frase de Aznar contra Sánchez: «El que pueda hacer, que haga«. otro tipo de golpismo. No se entiende nada, el Fiscal General del Estado resulta condenado porque un señor eludió pagar a Hacienda y que el jefe de prensa de su pareja lanzó un bulo.
La pareja de Ayuso, todo un confeso defraudador, que dijo en el juicio al fiscal general del Estado: «Me han destrozado la vida. Llevo gastado en esto… […] Lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido…» Es el que ha «celebrado» el fallo de Tribunal Supremo con la compra del ático de lujo que hay encima de la casa donde viven y por el que pagaba 5.000 euros de alquiler, en el mismo edificio en el que vive en otro piso con la presidenta madrileña. Un «golpismo» que convierte el mundo al revés…