La pobreza energética hace referencia al fenómeno que tiene lugar en los hogares que o no pueden pagar la energía suficiente para tener un mínimo de confort o se ven obligados a gastar una parte desproporcionada de sus ingresos para conseguirlo. Cuando una sociedad permite que se ponga por delante los beneficios de las empresas a las necesidades de las personas, algo no funciona. Si la energía es el motor de la economía y nadie puede vivir sin ella, hemos de afirmar que la energía es un bien común. Mientras los poderes económicos, la gestionen no como un bien común sino como una mercancía, dejando a muchas personas que no pueden pagarla, sin acceso a la energía. Les están usurpando un derecho.
Si la prioridad es que las empresas mantengan sus beneficios e incluso los hagan crecer, mientras derechos como calentarse, refrescarse, cocinar o iluminarse de las personas no está garantizada. Alguién tendrá que asegurar dicho derecho, preservando unas medidas encaminadas para abordar la emergencia climática y la protección de las necesidades más básicas de las personas. Aparte, de que los hogares pobres tienen causas estructurales como la escasa eficiencia energética de las viviendas por el deterioro y la falta de aislamiento. Todo ello provocado por una precariedad energética: la incapacidad de las familias de cubrir sus necesidades energéticas básicas, de poder hacer frente a su pago, de reducir el consumo de otros bienes y servicios para poder pagar la factura energética, endeudarse o como única solución conectarse de manera irregular e insegura a la red.
La energía es un derecho y es legítimo exigirlo a las empresas energéticas, porque frente a la legalidad de sus beneficios está la legitimidad de sus ganancias. Las compañías energéticas cerraron el ejercicio de 2022 con unos resultados de récord en los que las siete principales compañías del sector acumularon unos beneficios netos de más de 19.000 millones. El Gobierno de España ha aprobado un impuesto temporal sobre sus ingresos para poner coto a los «beneficios extraordinarios»obtenidos gracias a la situación geopolítica. Pero, está claro que cuanto mayor es la pobreza energética, mayor son los beneficios de las empresas energéticas.
Las empresas productoras y comercializadoras de la energía en este país, es donde se encuentran esas puertas giratorias que sirven para que numerosos responsables políticos, sobre todo del PP y del PSOE, para que pertenezcan a los consejos de dirección. Casos tan relevantes, como el de José María Aznar que fue asesor de Endesa en 2014 o Felipe González que fue consejero de Naturgy entre 2010 y 2015, con una lista interminable de ex ministros e importantes cargos políticos. Esta práctica impide tomar medidas reales de protección a los consumidores y especialmente a los que sufren más precariedad. Muy poco les interesa la pobreza energética, cuando cobran sus grandes sueldos, gracias a los beneficios que obtienen las grandes empresas eléctricas y energéticas.