El Gobierno ha sacado adelante este jueves con el único apoyo del Grupo Popular la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por los partidos de la oposición como la «ley mordaza», una ley que penaliza formas de protesta ciudadana, como detener un desahucio o grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, recortar la libertad de prensa posibilitando la incautación policial de medios de trabajo, considerando dichos comportamientos como «graves amenazas para la seguridad ciudadana». Además, de añadir una enmienda para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entren en territorio español, una ley mordaza que limita derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, manifestación y de información de los ciudadanos.

El Gobierno del PP basado en la potestad de su mayoría absoluta está hurtando el debate parlamentario y social. imponiendo leyes que pretenden imponer altas multas a la participación en el derecho ciudadano a la protesta y la privatización de la seguridad pública, que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público franquista de 1.959,otorgando la potestad sancionadora al Ministerio de Interior y se la arrebata a los jueces.Lo que hasta ahora era considerado como una falta y tenía que resolverse por un juicio de faltas, con las garantías del derecho penal, ahora pasarán a ser sanciones administrativas si un policía ratifica su testimonio.

No pienso callarme y quiero defender el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Estoy en contra de las devoluciones de inmigrantes en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. No quiero renunciar a mis derechos, ni que nadie me los arrebate. En contra de un estado policial, porque las fuerzas de seguridad tendrán la capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. Totalmente injusto que se pueda imponer una multa máxima de 600.000 euros y que estas sanciones no estén en función del nivel de ingresos, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora con las faltas en el Código Penal. Lo digo hoy, porque a lo mejor cuando entre en vigor dicha ley no se podrá decir, pero hay que luchar por la retirada de esta ley injusta tras las próximas elecciones generales. Depende de nuestro voto.

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