La declaración de independencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha durado treinta segundos, en la reunión del Parlament del martes 10. Puigdemont anunció ante el Parlamento autonómico de Cataluña que «asume» el mandato del pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente y pidió después a los diputados que suspendieran los efectos de la declaración de independencia. Todo se ha dejado «en suspenso» para «llegar a una solución acordada». Una declaración que legalmente no ha existido y que ha sido acogida con decepción por parte de los independentistas. Después de dicho pleno del Parlament, han firmado todos los parlamentarios independentistas una «Declaración de independencia de la república catalana» un documento de carácter simbólico y sin efectos jurídicos, ni registrado en el Parlament, ni votado por los parlamentarios y olvidando a todos los demás parlamentarios, desapareciendo cualquier mención a «suspender los efectos» de la declaración de independencia. Si pero no.
La ambigüedad de las palabras de Puigdemont de «asumir el mandato» y luego pedir su suspensión del proceso de declaración de independencia, sin proclamarla, es una traición para los independentistas. No sabemos los motivos, pero ha querido buscar el diálogo, esperando una negociación o un gesto por parte del Gobierno español, después del referéndum del 1-O. Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado hoy ante el pleno del Congreso su decisión de poner en marcha la vía del artículo 155 de la Constitución con la Generalitat de Cataluña. Confirmando el requerimiento que ha enviado al president Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia de Catalunya.
Ese es el primer paso para la activación del artículo 155 de la Constitución, medida excepcional que que implica el control político de las comunidades autónomas por parte del Estado. Una medida que estaba flotando como posible solución, demanda por Ciudadanos, apoyada por el PP y el PSOE. Que ya se dejó intuir en la intervención del Jefe del Estado, del pasado 3 de octubre, justificando «una posible acción autoritaria del Estado sobre las instituciones de autogobierno de Cataluña». Ahora, solo cabe esperar, esperar a Puigdemont, esperar a Rajoy y las medidas adoptadas. Y, esperar la reacción de una sociedad catalana que pueden ver recortados derechos y libertades.